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CC.OO. y UGT esperan que la oposición consiga revertir la “ley mordaza”
Aunque la aprobación de la moción no tiene efectos sobre la Ley, CC.OO. cree que se abre un camino para reformarla y espera que los grupos de la oposición sean capaces de hacerlo.
Es más, UGT cree que este martes se demostró “cómo es posible, en esta nueva etapa política, revertir desde el arco parlamentario las medidas injustas” que aprobó el Gobierno del PP. A su juicio, se inicia “un nuevo tiempo político alejado de autoritarismos y decretazos” y los grupos políticos deben “aprobar nuevas medidas” que permitan “recuperar el Estado de Bienestar”.
Ambos sindicatos han llamado también a la supresión del artículo 315.3 del código penal --el de coacciones a la huelga, que permite castigar a los piquetes--, como ya hicieron antes de las elecciones. El Código Penal, ha denunciado UGT, “está perpetuando la criminalización del derecho de huelga y la protesta, convirtiendo el conflicto social y laboral en un continuo conflicto de orden público”.
“Son reivindicaciones apoyadas por una amplia mayoría social que han sido motivo de numerosas movilizaciones y acciones en estos años, y que motivaron la campaña de 'Huelga no es delito'”, ha alegado CC.OO.
También UGT ha recordado que cuando se aprobó la “ley mordaza” la propia Comisión Europea reprochó al Gobierno de España la “desmesura de la ley y el impacto negativo que tendría sobre los derechos de las personas”. “Supuso establecer la restricción al ejercicio de derechos fundamentales y cercenar libertades democráticas para acallar la protesta social, algo que es propio de gobiernos autoritarios”, ha denunciado.
Para CC.OO., la reforma del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana, “fueron decisiones de marcado carácter ideológico que buscaban cercenar las libertades democráticas y acallar la protesta social”, además de un “retroceso inaceptable de las libertades públicas y de las vías de participación democrática”. Además, UGT va más allá y también reclama la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la de tasas judiciales.
