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El 3% persigue a CDC en las primeras catalanas tras la confesión de Pujol

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El 3% persigue a CDC en las primeras catalanas tras la confesión de Pujol

El 3% persigue a CDC en las primeras catalanas tras la confesión de Pujol

Diez años después de que el expresidente catalán Pasqual Maragall sacudiera el Parlament acusando de mordidas a CDC, la sombra del 3 % acecha a la formación nacionalista con un nuevo frente judicial en vísperas del 27S, sus primeras elecciones catalanas tras la confesión de Jordi Pujol.

Pese al paraguas que le supone concurrir al 27S en la coalición de Junts pel sí, CDC no logra sustraer del debate electoral las acusaciones de corrupción que le lanza la oposición, armada con la artillería que le proporciona la media docena de casos judiciales en que la formación liderada por Artur Mas se ha visto envuelta en los últimos años.

El PSC, la otra fuerza históricamente hegemónica en Cataluña, acude también a las elecciones catalanas lastrada por sospechas de nepotismo y tráfico de influencias entre sus cargos municipales, la mayoría de ellas derivados del "caso Mercurio", que se ha saldado con condenas a su exsecretario de Organización Daniel Fernández y al exalcalde de Sabadell (Barcelona) Manuel Bustos.

A dos semanas del inicio de la campaña electoral del 27S, la justicia sorprendió a CDC con el registro de su fundación Catdem y del despacho de su administrador en la sede central de la formación en Barcelona, local que hasta hace unos meses figuraba como garantía de una eventual condena por beneficiarse del desvío de fondos del expolio del Palau de la Música.

La investigación, dirigida por un juzgado de El Vendrell (Tarragona) e iniciada por unas irregularidades que ERC había denunciado en el Ayuntamiento de Torredembarra (Tarragona), buscaba en la sede del partido el rastro de presuntos pagos de comisiones del 3% que supuestamente la formación recibió de Teyco, la empresa vinculada a la familia Sumarroca, fundadora de CDC y próxima en lo político y en lo personal a los Pujol.

No era esta la primera vez que las sospechas de mordidas del 3 % sobre contratos públicos aparecían asociadas al partido dirigido por Mas; en 2005, en el fragor de un pleno parlamentario, el entonces presidente de la Generalitat Pasqual Maragall indignó a la bancada convergente con la polémica admonición: "ustedes tienen un problema, ese problema se llama 3 %".

Tampoco es esta la única investigación que tiene en su punto de mira a la Catdem, antigua Trias Fargas: la instrucción del caso del Palau de la Música concluye que fue una de las vías con las que CDC recibió comisiones de la constructora Ferrovial, lo que motivó que Mas suprimiera del nombre de la fundación la referencia al histórico dirigente nacionalista.

Por el caso del Palau de la Música, ahora pendiente de enviarse a juicio, la Fiscalía pide siete años y medio de cárcel para Daniel Osàcar -cuyo domicilio fue también registrado el mismo día en que la Guardia Civil entró en CDC-, acusado de cobrar las comisiones ilegales de Ferrovial por la adjudicación de obra pública en los gobiernos de Pujol, a través de Fèlix Millet.

La formación liderada por Mas estará presente en el juicio del Palau como responsable civil a título lucrativo del desfalco, lo que ha motivado que el juez haya embargado quince de sus sedes como fianza de los 6,6 millones de euros que se calcula se embolsó en comisiones de Ferrovial.

Junto a las sospechas de financiación irregular, CDC arrastra desde el verano pasado los recelos desatados por la confesión de la fortuna oculta de su fundador y expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol.

Pese a sus intentos por pasar página al pujolismo y limitar la fortuna oculta a un asunto privado, Artur Mas sigue sin sacudirse el peso de haber sido el delfín político de Pujol y haber encumbrado en CDC a su hijo Oriol Pujol, que dimitió como número 2 del partido a raíz de su implicación por cohecho y tráfico de influencias en el caso de las ITV, otro caso de presunta corrupción.

La esposa y seis de los siete hijos de Jordi Pujol -con la única excepción de Josep- han desfilado el último año como imputados ante la justicia, unos por los fondos ocultos en Andorra y otros -Jordi, Oriol y Oleguer- por sospechas de pagos de comisiones y blanqueo de capitales.

Otro frente judicial que CDC tiene abierto tiene origen en Reus (Tarragona), donde un juez investiga presuntas irregularidades en el grupo de empresas municipales Innova y en los contratos del Hospital Sant Joan de Déu de la población, que fue presuntamente presionado para que adquiriera unas prótesis defectuosas.

Pendiente de sentencia se encuentra el caso de Xavier Crespo, exdiputado de CiU y exalcalde de Lloret de Mar (Girona) que fue juzgado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) acusado de aceptar dádivas de un empresario vinculado a la mafia rusa a cambio de favorecer sus intereses urbanísticos.

Un jurado popular deberá juzgar pronto a los exresponsables de la Asociación Catalana de Municipios y Comarcas (ACM) -que agrupa mayoritariamente a ayuntamientos convergentes- Josep Maria Matas y Xavier Solà, acusados de desviar centenares de miles de euros de la entidad en beneficio propio a través de sociedades instrumentales.

Otro caso pendiente de juicio que afecta a históricos pesos pesados de CDC es "Pretoria", en que los ex altos cargos Macià Alavedra y Lluís Prenafeta afrontan penas de seis años y diez meses de cárcel por supuestos cobros de comisiones en operaciones urbanísticas, un juicio en que compartirán banquillo con el exalcalde socialista de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) Bertomeu Muñoz y el exdiputado del PSC Luis García.

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