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La CE dice que actuará si los acuerdos de Luxemburgo no se ajustan a ley UE

EFE

Bruselas —

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La Comisión Europea (CE) dijo hoy que actuará si los acuerdos fiscales de Luxemburgo con varios centenares de empresas no se ajustan a la normativa comunitaria de ayudas de Estado.

En declaraciones a Efe, el portavoz jefe de la CE, Margaritis Schinas, afirmó que “si los esquemas de ayudas de Estado de Luxemburgo no se ajustan a las normas del mercado interior, se actuará”.

Los acuerdos secretos fiscales entre Luxemburgo y casi 340 multinacionales, entre ellos Pepsi, IKEA, AIG, Coach, Deutsche Bank, revelados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) han recibido el apelativo de los medios de “LuxLeaks”.

Schinas señaló a Efe que el excomisario de Competencia Joaquín Almunia ya había abierto investigaciones sobre las ayudas de Estado en Luxemburgo, una estructura que, según el portavoz jefe de la CE, “responde a un esquema tradicional que todos los Estados miembros tienen para atraer la inversión y ganar ventajas sobre otros”.

Según los documentos obtenidos por el (ICIJ) y publicados hoy en varios medios de comunicación internacionales, los acuerdos secretos entre las multinacionales y Luxemburgo permitieron a las empresas rebajar drásticamente sus impuestos.

En junio pasado, la CE abrió una investigación sobre el régimen fiscal que aplican Irlanda, Holanda y Luxemburgo a Apple, Starbucks y Fiat, respectivamente, para determinar si son ayudas de Estado ilegales.

Almunia señaló entones que esa decisión no cuestionaba el sistema general impositivo de estos países, sino las medidas particulares aplicadas a estas empresas respecto al impuesto de sociedad.

“Los alemanes lo tienen para el automóvil, otros para la industria audiovisual, etc, es un área clásica donde los estados intentan sacar ventajas competitivas y la Comisión Europea que es el regulador del mercado interior interviene para asegurarse que esos esquemas no distorsionen la competencia”, dijo Schinas a Efe.

La auditora PricewaterhouseCoopers habría ayudado a las multinacionales a obtener al menos 548 decisiones fiscales vigentes en Luxemburgo desde 2002 y 2010 para beneficiarse de “estructuras fiscales complejas diseñadas para crear reducciones drásticas en los impuestos”, indica el ICIJ.

El propio presidente de la CE y ex primer ministro de Luxemburgo, Jean-Claude Juncker, señaló este miércoles en rueda de prensa que el Ejecutivo comunitario “hará su trabajo” y que el mando en las pesquisas sobre ese tipo de investigaciones está a cargo de la titular de Competencia, la danesa Margarethe Vestager.

Juncker señaló también que él personalmente no se “involucraría” en el asunto, al tiempo que aseguró que tiene su opinión “sobre el asunto pero me lo guardo para mi”.

En Luxemburgo, su primer ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel, afirmó que las prácticas fiscales del país “respetan las reglas internacionales” y que por tanto no se ha hecho “nada malo”.

Acompañado por el viceprimer ministro y titular de Economía, Étienne Schneider, y por los ministros de Finanzas, Pierre Gramegna, y de Justicia, Félix Brax, Bettel se vio obligado a explicar las prácticas fiscales de su país con las multinacionales, puestas en entredicho de nuevo con esta revelación.

Bettel admitió que este escándalo “no da una buena imagen de Luxemburgo”, pero él y sus colaboradores subrayaron que lo que hace el Gran Ducado es legal, mientras que Gramegna aseguró que la práctica “es compatible con los estándares comunitarios y con los de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

En Luxemburgo existen la práctica fiscal conocida como “tax ruling” que es legal, confidencial y que permite que las empresas soliciten por adelantado a la administración del país conocer qué tratamiento fiscal se les va a aplicar, obteniendo al mismo tiempo algunas garantías jurídicas.

Esa práctica permite también que se les garantice a las compañías el trato fiscal que van a recibir durante un periodo de tiempo e influye en la manera en que se reparte el beneficio sujeto a fiscalidad aplicable a una multinacional con sus filiales en diversos países, lo que supone una ventaja fiscal.

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