No hay ninguna base para que la CE penalice a Polonia, dice el ministro de Exteriores polaco

El ministro polaco de Exteriores, Witold Waszczykowski, afirmó hoy que no hay ninguna base para que la Comisión Europea (CE) penalice a Polonia por la parálisis de su Tribunal Constitucional, una situación que según el Consejo de Europa menoscaba el estado de derecho en el país centroeuropeo.

Waszczykowski precisó en declaraciones a medios locales que se mantiene el diálogo entre el Gobierno polaco y Bruselas en relación al conflicto abierto en torno al Constitucional.

Se espera que la CE emita el 1 de junio un dictamen sobre la situación del TC polaco y del estado de Derecho en este país.

El ministro de Exteriores polaco también se refirió a una reciente entrevista de Jaroslaw Kaczynski, el líder del partido gubernamental nacionalista Ley y Justicia (PiS), quien dijo al semanario “Do Rzeczy” que el Gobierno polaco podría cuestionar la legitimidad de un eventual informe negativo emitido por la Comisión Europea sobre el estado del TC.

“Esperamos que la Comisión Europea reflexionará (sobre sus acciones) y pondrá fin a este procedimiento”, dijo.

Las declaraciones de Waszczykowski llegan después de que el Ejecutivo comunitario advirtiese el pasado 18 de mayo a Polonia de que deseaba ver un “progreso significativo” en torno a la reforma del Tribunal Constitucional, y dio la fecha del 23 de ese mismo mes como tope para encontrar una solución a la situación de la corte.

Posteriormente la propia CE rebajaba su mensaje y decía que no se había dado “ningún ultimátum” a Polonia, a la vez que reconocía que la situación de parálisis del TC polaco es un asunto interno que debe de resolverse en la propia Polonia.

Bruselas está preocupada por el nombramiento de jueces del Tribunal Constitucional, la ley que modifica el funcionamiento de esta corte y afecta a la independencia de sus jueces y la efectividad de la supervisión del Constitucional sobre las leyes adoptadas en 2016, incluida la nueva ley de medios.

Todos estos cambios se produjeron tras la llegada al poder del partido conservador y nacionalista Ley y Justicia en noviembre, después de imponerse por mayoría absoluta en las elecciones generales de pasado octubre.

En enero de este año la CE abrió una investigación para determinar la salud del estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos en el país centroeuropeo.