El CGPJ es la institución más transparente sobre actividades de sus cargos

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es la institución más transparente en la puesta en conocimiento de las actividades de sus altos cargos y de su personal, y es, casi a la par con el Tribunal Constitucional, la que mayor nivel de cumplimiento tiene de la Ley de Transparencia.

La Fiscalía General del Estado es uno de los órganos peor parados, puesto que es el penúltimo en nota media en cuanto al grado de adaptación a la norma (el Consejo Económico y Social es el último) y ocupa uno de los puestos del grupo de cola de los que aportan esa información relacionada con los cargos, el personal y el funcionamiento interno; suspende, de hecho, con un 3,7.

Son dos de los elementos más destacados del primer informe que sobre los órganos constitucionales y entes reguladores ha redactado el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, presidido por Esther Arizmendi.

Informe presentado hoy que incorpora dos tablas con las puntuaciones medias logradas por tales organismos: una primera se refiere a la información obligatoria que deben aportar porque así lo exige la Ley de Transparencia; la segunda alude a informaciones que no pide la legislación, pero que sí quiere potenciar el Consejo.

Es la información relativa a los recursos humanos, es decir, sobre viajes y reuniones de altos argos, emolumentos, identificación del personal de confianza, uso de coches oficiales, indemnizaciones por cese de actividad o regalos recibidos.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores es el ente regulador con peor nota en este ámbito al conseguir un 2,42.

Antes, pero siempre en el suspenso, están el Consejo de Estado (3,3), la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) (3,3) y el Consejo de Seguridad Nuclear y el Consejo Económico y Social (3,7). Ésta es justo la nota de la Fiscalía.

En el lado opuesto, la nota más alta es para el CGPJ, un 9,2, lo que revela su apuesta por informar en la web de aspectos relacionados con la agenda diaria y actividad de sus dirigentes y personal más importante. Detrás, el Defensor del Pueblo, con un 8,4; el Senado, con un 6,7; y el Congreso, con un 6,1.

Todas las instituciones analizadas por el Consejo de Transparencia cumplen la Ley, pero no del mismo modo ni en la misma intensidad.

El Tribunal Constitucional prácticamente se ajusta al dedillo a los artículos 6, 7 y 8 de la norma, y de ahí su puntuación, un 9,83. El Consejo General del Poder Judicial logra una décima menos.

El Banco de España es la tercera en nivel de cumplimiento al obtener un 9,43, una centésima por encima tan sólo de la Casa del Rey, que llega al 9,42.

La Comisión Nacional del Mercados y de la Competencia figura con un 9,39, el Defensor del Pueblo con un 9,31, la AIReF con un 9,28, el Tribunal de Cuentas con un 9,27 y el Consejo de Seguridad Nuclear con un 9,13. Hasta aquí los “sobresalientes”.

Un notable alto, un 8,6, tiene el Senado, en tanto que el Congreso se sitúa con un 8,3.

La Fiscalía General del Estado, en el 5,6, y el Consejo Económico y Social, en el 5,4, aprueban con las notas más bajas.

Arizmendi se ha congratulado del buen nivel de transparencia de estas instituciones, no en balde todas juntas registran una nota media del 8,5, aunque faltan aspectos por mejorar.