La CICIG, una oportunidad de cambio para Guatemala que hay que “aprovechar”

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente de la ONU sin precedentes en el mundo, consiguió este 2015 destapar la caja de pandora de la corrupción y poner al descubierto grandes estructuras que no dejaron “títere con cabeza”, pero ahora hay que “aprovechar” este cambio.

Así lo ponen de manifiesto expertos consultados hoy por Efe y el propio comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, quien ayer viernes presentó el VIII informe de la institución desde que fue creada en 2007, y que dejó patente su “enorme utilidad” en un contexto en el que las instituciones locales carecen de recursos y capacidades.

El analista Rubén Hidalgo, del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep), explicó a Efe que la labor desarrollada en los últimos tiempos por la CICIG no deja lugar a dudas, sin embargo insiste en que hay que “aprovechar esta coyuntura”.

En este sentido, lamentó que el país centroamericano, al menos por ahora, no esté “preparado” para asumir y seguir con esa “marca alta” y “determinante” que puso la CICIG.

Durante los últimos meses, la CICIG y el Ministerio Público (MP-Fiscalía) han emprendido una cruzada contra la corrupción y han desarticulado más de una docena de casos que involucran a los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Entre esas destaca “La Línea”, una estructura de defraudación aduanera dirigida, según el MP y la CICIG, por el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, ambos en prisión preventiva acusados de cohecho pasivo, asociación ilícita y caso especial de defraudación aduanera.

En el Congreso, uno de los golpeados es el empresario y expresidente del Parlamento Pedro Muadi, acusado en junio de crear una estructura de plazas fantasmas en el Congreso durante su mandato al frente de la entidad, en 2013, con la complicidad de dos personas de su confianza.

El exdiputado, acusado de los delitos de peculado por sustracción, asociación ilícita y lavado de dinero, está en prisión preventiva.

El Organismo Judicial también sufrió una sacudida pública en las que están implicadas las juezas Carol Patricia Flores y Jisela Reynoso, por dudas en cuanto al origen y monto de su patrimonio; o el magistrado Erick Santiago de León y los jueces José Luis Patán y Martha Sierra de Stalling, por la posible comisión de delitos en el ejercicio de su judicatura.

A juicio del analista, todos estos casos demuestran que “nadie está por encima de la ley”, pero la institucionalidad del país sigue siendo “muy porosa y débil”, y la duda está en sí se puede generar “a corto plazo” una institución fuerte y con grandes capacidades para continuar la lucha.

No obstante, agregó Hidalgo, haber descubierto estos grandes casos de corrupción han hecho creer a la ciudadanía que “todo es posible” y que sí puede existir un Estado libre de corrupción, de impunidad y de crimen organizado.

Pero los retos que se le avecinan a Guatemala son “grandes”. No solo está recuperar la institucionalidad, sino también crear una “cultura política” que, en su opinión, hoy en día no existe.

Este hecho, aclaró, se demuestra con el rechazo que ha suscitado la idea de Velásquez de crear un impuesto “transitorio y temporal” a las grandes fortunas para poder financiar un sistema de Justicia que carece de suficientes recursos.

“Estamos en un momento extraordinario en el que se necesita el apoyo de los grandes capitales” que a lo largo de los últimos años “se han beneficiado” de la ausencia de fuertes tributos.

Este parecer está en línea con el dictamen que Velásquez presentó ayer, viernes, en el VIII informe de trabajo de la CICIG, en el que concluyó que Guatemala necesitará al menos 16 años para “quebrar” el manto de impunidad y corrupción que impera en las esferas del Estado, sobre todo por la falta de recursos y capacidades.

Según Velásquez, toda sociedad debe “aspirar y luchar decididamente” por tener jueces independientes e imparciales para impartir “un bien tan preciado como la justicia”, que debe basarse en un proceso “riguroso, objetivo, transparente y público”, conformado por personas “íntegras e idóneas”.

Y en esta lucha no solo es importante el papel de las instituciones o sus profesionales, sino también de la población, que debe crear “canales” si quiere “buscar en serio” un estado de derecho donde haya “una patria incluyente en la que todos puedan vivir con dignidad”.

“Mi primer reconocimiento es al pueblo de Guatemala” que encontró “por fin una causa común”, la lucha contra la corrupción, una práctica habitual en el país que había alcanzado “niveles intolerables”, dijo en referencia a las manifestaciones de este año.

En su opinión, el esfuerzo emprendido en Guatemala para combatir la corrupción y la impunidad “solo será un discurso si no se hace una indispensable y urgente inversión en el sector justicia” y sino se apoyan reformas “indispensables” en este ámbito.

Desde 2014 se han desarrollado 21 investigaciones, con el resultado de 184 personas capturadas e imputadas ante la Justicia, y de esas, 183 están ligadas a proceso judicial, datos que, según Hidalgo, demuestran la efectividad de la CICIG.