La CIDH analiza el derecho a la verdad en América

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó hoy un informe en el que analiza los desafíos que aún afrontan algunos países latinoamericanos para garantizar los derechos de miles de víctimas de dictaduras y otros conflictos internos.

El informe “el Derecho a la Verdad en América” analiza las obligaciones que los Estados tienen para garantizar este derecho frente a las violaciones de derechos humanos y quiere contribuir a sentar unos estándares para “consolidar y mejorar la legislación, políticas y prácticas” en esta materia.

En esos períodos conflictivos “era una constante” la desaparición forzada, la aplicación de la jurisdicción penal militar y las leyes de amnistía para exonerar a los responsables de violaciones de derechos humanos, apunta la CIDH.

También señala que hubo un patrón común en la falta de acceso a la información sobre lo sucedido, que “en muchos casos se perpetúa”, y denuncia que ocultar los hechos fue en algunos países una política deliberada del Estado e incluso una “estrategia de guerra”.

“Las democracias de hoy tienen una gran responsabilidad: garantizar que las víctimas de las violaciones a los derechos humanos perpetradas en dictaduras, gobiernos autoritarios y conflictos armados del pasado, tengan acceso a la verdad, la justicia y la reparación”, dijo la presidenta de la CIDH, Tracy Robinson, en un comunicado.

Robinson subrayó que “la impunidad propicia la repetición de las violaciones” de derechos humanos mientras que el ejercicio del derecho a la verdad, que incluye el derecho al esclarecimiento de los hechos y también a la justicia y a la reparación, la previene.

En el caso de desapariciones forzadas, el informe destaca la obligación estatal de adoptar todas las medidas necesarias para esclarecer lo ocurrido, determinar el paradero de las víctimas, identificar los restos exhumados y entregarlos a sus familiares.

La CIDH enfatiza que los Estados no pueden continuar empleando la jurisdicción penal militar en casos de violaciones de derechos humanos, independientemente del carácter civil o militar de la víctima, ni de los implicados.

Asimismo, resalta la “absoluta incompatibilidad” de las leyes de amnistía con el concepto internacional de los derechos humanos y señala que todas las instituciones deben aportar toda la documentación disponible, incluyendo archivos militares o documentos clasificados, para esclarecer los hechos.

“La garantía del Derecho a la Verdad permite construir un futuro exento de este tipo de abusos”, aseguró por su parte el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, que señaló que el objetivo es ayudar a las democracias a “saldar la deuda pendiente” en esta materia.