La CIDH valora altamente la restitución de Petro y que Colombia acate sus obligaciones

El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza, aseguró hoy que el organismo “valora muy altamente el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado de Colombia”, al restituir a Gustavo Petro como alcalde de Bogotá.

Álvarez Icaza dijo, no obstante, que la Comisión entiende que se trata de “un proceso en desarrollo y en evolución y tiene distintas instancias” y que “la dinámica va a seguir cambiando”.

“Pero para la Comisión es de la mayor importancia también subrayar el hecho de que los derechos políticos son tutelados como cualquier otro derecho (...) Entendemos que habrá que seguir monitoreando este proceso porque hay una dinámica jurídica cambiante y esta situación sabemos y podemos que puede cambiar en el futuro”, por lo que la CIDH seguirá atento a su evolución, agregó.

El secretario ejecutivo dijo a la prensa, además, que ante “lo cambiante” de la situación, la CIDH, que otorgó medidas cautelares a Petro, se reserva de momento emitir un informe de fondo en tanto que aún está evolucionando.

“Entendemos que esto es un proceso que ha abierto una reflexión profunda en Colombia, así como lo ha abierto en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, agregó Álvarez Icaza, al ser preguntado por el impacto que ha tenido el caso de la suspensión de Petro sobre la salud del sistema judicial colombiano.

Asimismo, Álvarez Icaza reiteró que el propósito de la medida cautelar en favor del alcalde bogotano tiene como objetivo que la Comisión pueda estudiar las condiciones de “no convencionalidad” del caso y analizar la cuestión de fondo, algo sobre lo que aún no se ha pronunciado.

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, restituyó este miércoles a Petro como alcalde de Bogotá, un mes después de su destitución, al acatar la sentencia emitida el martes por un tribunal que ordenó cumplir con las medidas cautelares otorgadas por la CIDH.

Santos firmó la destitución de Petro el 19 de marzo al acatar una orden de la Procuraduría (Ministerio Público y órgano de control disciplinario) que el 9 de diciembre de 2013 argumentó que el alcalde había cometido graves fallos en la implantación de un nuevo modelo de recogida de basuras un año antes.

Esa misma sentencia de la Procuraduría inhabilitó a Petro para ejercer cargos públicos durante quince años.

Según la Constitución colombiana, la Procuraduría protege los derecho humanos y asegura su efectividad, con el auxilio del Defensor del Pueblo, ejerce el Ministerio Público y el control disciplinario de los funcionarios del Estado, inclusive los de elección popular, y representa a la sociedad, sin competencia penal.

Un día antes de que la destitución se hiciera efectiva, la CIDH había otorgado medidas cautelares para evitar que Petro saliera de la Alcaldía, un hecho que no afectó a la decisión del presidente Santos y que ahora ha forzado su regreso al cargo.

No obstante, el procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez, anunció que este jueves radicará ante la Corte Suprema de Justicia la impugnación del fallo judicial del martes que ordenó a Santos restituir a Petro.

Santos nombró el lunes como alcaldesa encargada a María Mercedes Maldonado, del mismo partido que Petro, en reemplazo del ministro colombiano de Trabajo, Rafael Pardo, quien ocupó el cargo también como encargado desde el 19 de abril.

Con la vuelta de Petro al cargo, revive el proceso de referendo revocatorio convocado en su contra, que se había suspendido a raíz de la destitución.