CORR.Servicios jurídicos y de seguridad del Parlamento gallego elaboran informes tras el nuevo incidente en el hemiciclo

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La oposición se ratifica en su rechazo a la decisión de Rojo, pero el PSdeG abre la puerta a pactar una nueva regla para las visitas

Las nuevas protestas protagonizadas por trabajadores del sector naval y de personal administrativo y de servicios de las universidades en la bancada de público del hemiciclo gallego volverán a ser objeto de sendos informes de los servicios jurídicos y de seguridad del Parlamento de Galicia, como ocurre cada vez que hay interrupciones en la sesión plenaria y que los invitados son desalojados de esta tribuna.

Fuentes parlamentarias han confirmado a Europa Press que ambos departamentos de la Cámara tienen la misión de realizar estos documentos, que en esta ocasión alberga como telón de fondo el hecho de los invitados se sentaron en las bancadas sin que la presidenta del Parlamento, Pilar Rojo, les hubiese autorizado a ello, pese a que los grupos de Alternativa Galega de Esquerda (AGE) y BNG cursaron las invitaciones.

Tras las protestas del 19 de diciembre protagonizadas por afectados por las preferentes, en las que se llegaron a escuchar amenazas de que “correría sangre”, la presidenta del Parlamento decidió limitar las visitas a la tribuna de invitados, reservándose para ella la potestad de determinar quién puede acudir a la tribuna de invitados.

Esta medida fue rechazada por la oposición y, este martes, todos los diputados de los grupos que la componen, salvo los portavoces en el debate de presupuestos, abandonaron las bancadas al lado izquierdo del hemiciclo. De esta manera, la sesión transcurrió sin la práctica mayoría de los parlamentarios del PSdeG, Alternativa Galega de Esquerda (AGE) y BNG, instantánea que también se dejó en las votaciones, que estas formaciones perdieron por 41 a tres votos.

Pese a no contar con permiso para sentarse en el hemiciclo, en el primer pleno que se ha celebrado desde que se adoptó la medida, los invitados por los grupos acudieron acompañados por varios diputados de AGE y BNG hasta las bancadas, donde tomaron asiento. Al poco tiempo, levantaron carteles para protestar por la situación del naval y proclamaron consignas a favor de una educación pública “digna”.

Esto motivó que la presidenta suspendiese la sesión durante unos minutos y que, durante otro receso entre la intervención de la conselleira de Facenda y los grupos, censurase lo ocurrido. Así, calificó de “atentando a una alta institución” del Estado lo sucedido y lamentó que diputados “provocasen” actos “ilícitos”; así como avanzó que se “adoptarán las medidas que se consideren oportunas”.

Según el artículo 108 del Reglamento del Parlamento, si un diputado “promueve desorden grave por su conducta, de obra o palabra”, el presidente “lo suspenderá, en el acto, de sus derechos parlamentarios por le plazo de hasta un mes”. No obstante, la Cámara todavía no ha comunicado las medidas que se adoptarán.

LOS GRUPOS RATIFICAN SU PLANTE

Pese a las palabras de Rojo, los grupos de la oposición se han ratificado, un día después, en su rechazo a la medida adoptada por la presidenta del Parlamento, si bien el PSdeG ha abierto este miércoles la puerta para que se llegue a pactar una solución para las visitas, con el fin de que todos los grupos se puedan sentir “cómodos”.

De esta manera, el diputado socialista José Luis Méndez Romeu ha criticado que la Presidencia del Parlamento “criminalice previamente” a todos los ciudadanos al “vetar su acceso legítimo a esta cámara de representación popular”, y ha confiado en que Pilar Rojo “recapacite” y plantee “una solución respetuosa”, tanto con el derecho a la participación de los ciudadanos, como con el normal funcionamiento de la institución.

Por su parte, y tras las advertencias de la presidenta de la Cámara, la viceportavoz parlamentaria de AGE, Yolanda Díaz, ha lamentado la “política reaccionaria” de Pilar Rojo y ha advertido: “Cuantas más sanciones, más nos va a reforzar”.

Paralelamente, el portavoz del Grupo Parlamentario del BNG, Francisco Jorquera, ha exigido a la jefa del Legislativo autonómico que “rectifique” su decisión de limitar las visitas en el Pazo do Hórreo, y ha considerado que “no hubo ningún comportamiento antirreglamentario” en los diputados nacionalistas, algunos de los cuales estuvieron con sus invitados en la bancada de invitados a los que no estaban autorizadas las visitas.

El BNG, además, presentó una queja ante la Mesa del Parlamento por “abuso de autoridad” de la Policía Nacional, ya que cuatro diputados nacionalistas, al intentar volver al Pazo do Hórreo tras participar en la protesta con los trabajadores de Navantia, tuvieron dificultades ya que la Policía “le impidió el paso” y les “requirió la documentación a fin de identificarse”.

EL PPDEG, QUE RENUNCIEN AL SUELDO

Frente a ellos, la portavoz del PP gallego, Paula Prado, ha apoyado la decisión de la que constituye la segunda autoridad de Galicia y ha considerado que los parlamentarios que protagonizaron el plante en el debate de presupuestos deberían renunciar al sueldo del día.

El Reglamento del Parlamento no recoge explícitamente quitarle el sueldo a ningún diputado, aunque sí la suspensión de los derechos como parlamentario, en cuyo caso incluso permite extender la sanción a la parte alícuota de la subvención a los grupos por determinados supuestos, como dejar de asistir a los plenos de forma reiterada.