La CPI afirma que Colombia puede cumplir con el Estatuto de Roma y ser flexible en el posconflicto

El vicefiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), James Stewart, afirmó hoy que la justicia que aplique Colombia en el postconflicto si el Gobierno y la guerrilla de las FARC firman la paz “puede y debe estar en consonancia” con el Estatuto de Roma y a la vez ser “flexible”.

Stewart participó en Bogotá en el foro “La justicia transicional en Colombia y el papel de la CPI”, organizado por la Universidad del Rosario, donde dejó claro la posición del tribunal internacional sobre la aplicación de normas jurídicas especiales en Colombia tras firmar la paz, lo que se denomina “justicia transicional”.

Para la CPI, el modelo jurídico que se diseñe en el periodo de transición “puede y debe estar en consonancia con el Estatuto de Roma” que suscribió Colombia, algo que no cierra la puerta a opciones flexibles.

Recordó, en este aspecto, que el marco internacional que firmó en su día el país suramericano como miembro “no puede ignorarse por condiciones de oportunidad, pero otorga flexibilidad a los estados que buscan impartir justicia en postconflicto”.

Con esta premisa, Stewart dijo en nombre de la Fiscalía del tribunal internacional que Colombia, como el resto de países, “tiene competencia para emitir sus sentencias” dentro de un proceso de justicia transicional.

Si las sentencias que se obtengan cumplen los objetivos de condenar de forma pública al criminal y su conducta, y además se reconoce y repara a las víctimas, la CPI entiende que el resultado es positivo, añadió.

Durante su intervención, el vicefiscal reiteró que Colombia deberá promover los objetivos del Estatuto de Roma, fundamentalmente emprender acciones contra aquellos individuos responsables de los más graves crímenes de guerra y lesa humanidad.

“Si esto es así, los casos no son admisibles ante la CPI”, subrayó Stewart, que fue enfático al asegurar que el tribunal internacional es un “último recurso”.

También recalcó que Colombia deberá asegurarse de que “los crímenes más graves no queden impunes”, sin especificar qué tipo de medidas para evitar la impunidad son consideradas oportunas por el CPI o si éstas deben implicar en todos los casos cárcel.

En varias ocasiones, manifestó que la Fiscalía del tribunal internacional no tiene una “posición específica” sobre ciertos aspectos, porque por el momento no se han definido, tales como una hipotética reducción de sentencias.

“Dependerá de las circunstancias particulares, de si es compatible con el Estatuto de Roma”, comentó el vicefiscal, que también indicó que puede influir en la reducción la responsabilidad del acusado frente al crimen que se le impute.

Por el momento la posición del CPI en este asunto “sigue siendo especulación”, aunque entienden que tendrían que darse una serie de requisitos como reconocimiento de la actividad, garantías de no repetición, participación en un proceso de transición, desmovilización y prohibición temporal de participar en asuntos públicos.

Stewart insistió en que uno de los pilares de la justicia transicional debe ser la “proporcionalidad de las sentencias en comparación con el crimen cometido y la responsabilidad del condenado”.

Otro aspecto sobre el que dijo que no existe una posición oficial es la amnistía para crímenes políticos tales como “la rebelión, la sedición o la traición” ya que estos asuntos “no entran en la jurisdicción de la CPI”.

Por último, expresó la disposición de la Fiscalía del tribunal internacional para “asegurar que se rompa el ciclo de impunidad y que los crímenes de guerra no queden impunes” en Colombia.