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CSI-F reclama a Catalá que se reanude el diálogo social para mejorar condiciones y plantillas
Según ha informado CSI-F, los sindicatos de la mesa de negociación de ámbito nacional han registrado en el Ministerio una petición formal para la reapertura del diálogo en tres puntos fundamentales, que aún no se han desarrollado.
Para empezar, reclaman la conversión efectiva en plantilla de los refuerzos y el análisis de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el abuso de la contratación temporal. En segundo lugar quieren regular las sustituciones, dando preferencia a este mecanismo de cobertura de puestos.
Además, quieren regular todos los periodos trabajados y no cotizados del personal interino, especialmente los anteriores al año 1990 (antes de este año, los interinos no tenían derecho a cotizar) teniendo en cuenta las recientes sentencias de los tribunales superiores de Justicia que avalan la condición de alta en la Seguridad Social en estos casos.
CSIF y el resto de las organizaciones sindicales reclaman un plan de reducción de la precariedad mediante la convocatoria de empleo público de todas las vacantes y la eliminación de los límites que aún existen y que impiden la oferta de plazas en todos los ámbitos territoriales.
EVITAR LA PRIVATIZACIÓN
El sindicato ha apostado por un pacto social, político y profesional por la Justicia y ha subrayado que seguirá defendiendo un modelo de Administración de Justicia como servicio público esencial donde se invierta en el potencial de los cuerpos de funcionarios y en medios materiales adecuados, como “única fórmula para evitar la privatización de parte de la Administración de Justicia”.
Asimismo, la Central Sindical sigue reivindicando un Registro civil público, electrónico, único en su gestión, descentralizado en su funcionamiento y moderno en su estructura y organización, y rechaza el modelo de Tribunales de Instancia impulsado por el anterior titular de Justicia.
Por todo ello, CSI-F ha pedido a Catalá que acometa cambios en la estructura y “en algunos nombres” del Ministerio de Justicia para evitar lo que considera “disfunciones y actitudes que han lastrado el diálogo y la negociación en los últimos dos años”.
