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La CUP pide a las policías locales desoír las ordenes de Fiscalía
La CUP ha enviado este martes un documento a los intendentes de las policías locales con instrucciones para desatender el requerimiento de Fiscalía de requisar material relacionado con el referéndum del 1-O.
En un comunicado, los 'cupaires' defienden que las instrucciones de la Fiscalía tanto a los Mossos d'Esquadra como a las policías locales son “manifiestamente ilegales” porque exceden los límites del Ministerio Fiscal.
Argumentan que, con sus órdenes, la Fiscalía pretende que los cuerpos de seguridad “limiten” derechos fundamentales como el de expresión, de libertad ideológica y de participación política, recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Constitución.
Además, creen que interpreta “extensiva e injustificadamente” la suspensión dictada por el Tribunal Constitucional (TC), que pedía a los poderes públicos evitar actuaciones que permitan la preparación o celebración del referéndum.
La Fiscalía pide a los funcionarios policiales, a adoptar medias para intervenir los efectos o instrumentos destinados a prepara el referéndum “requisando urnas, sobres electorales, manuales de instrucciones para los miembros de las mesas electorales, impresos electorales, propaganda electoral, elementos informáticos” y otros elementos de difusión del 1-O.
La CUP sostiene que el TC no hace referencia a la suspensión de la capacidad de la ciudadanía y de las organizaciones políticas a “expresar su opinión sobre la conveniencia o no de la convocatoria del referéndum”.
“En cualquier caso, es una resolución dirigida a los poderes públicos por unos actos administrativos concretos y, por lo tanto, no llega al conjunto de la ciudadanía de forma genérica”, han subrayado.
Por eso, piden a las policías locales que “interprete directamente el texto de la providencia del TC en el sentido de mantener la vigencia de los derechos fundamentales” permitiendo a la ciudadanía su ejercicio. también en lo que hace referencia al 1-O.
MOCIÓN A AYUNTAMIENTOS
También han enviado mociones a todos los ayuntamientos catalanes en la que recuerdan que la celebración de un referéndum no está tipificado como delito en el Código Penal.
Por ese motivo, piden que los consistorios que acuerden garantizar dichos derechos fundamentales e “implicarse activamente” para permitir a los ciudadanos su ejercicio, también en lo que hace referencia al referéndum.
La moción pide condenar cualquier actuación policial que menoscabe la vigencia de esos derechos y que dificulte a la ciudadanía su ejercicio, y notificar este acuerdo al Govern, a la ACM y a la AMI.
