El Canal se personará en la causa que dilucida si fue usado en trama corrupta

Madrid, 27 (abr).- El Canal de Isabel II se personará como parte perjudicada en el caso Lezo, que investiga una supuesta trama corrupta en esta empresa pública y en su filial colombiana, Canal Extensia, según decidió ayer el Consejo de Administración de la compañía a propuesta de su presidente, Ángel Garrido.

Hacer valer los derechos de esta empresa en este caso penal y “ofrecer a los tribunales la máxima colaboración” en el procedimiento son los objetivos de esta medida, anunciada hoy por el Canal en una nota de prensa.

El expresidente del gobierno regional de Madrid Ignacio González y otra decena de altos cargos fueron detenidos hace una semana acusados de utilizar la empresa pública de aguas de la capital, Canal de Isabel II, en un desfalco de 23 millones de euros por medio de transacciones en sus filiales en América Latina.

Un total de 25 filiales cuya clausura defiende el presidente del Canal y consejero de Presidencia del Gobierno autonómico, Ángel Garrido, que explicó ayer que, antes de conocerse la Operación Lezo, ya se había iniciado un proceso de “cierre ordenado” de las compañías que “no tenían actividad” o que “no tienen nada que ver con el ciclo del agua”.

Un proceso que está en marcha “con una decena de empresas” y en el que queda pendiente tomar “una decisión final” sobre las restantes.

De hecho, cinco de las 25 empresas del Canal de Isabel II en América Latina han sido liquidadas, mientras que seis están en proceso de liquidación y trece continúan operativas, entre ellas la brasileña Emissao Engenharia e Construçoes, cuya compra fraudulenta está siendo investigada en la Operación Lezo.

Sin embargo y de acuerdo a la nota de prensa del canal, el Consejo de Administración acordó en su reunión de ayer -la primera desde que saltó el caso- “el refuerzo de la organización de la empresa a nivel internacional, asegurando al máximo la gestión mientras el grupo mantenga su presencia en las inversiones actuales”.

Un refuerzo que alcanza las áreas financieras, de control y contabilidad y el de las áreas jurídicas corporativas.

Además, el Canal realizará auditorías independientes complementarias en “en cuantas filiales sea necesario” y extenderá la responsabilidad del área de Auditoría Interna de la compañía sobre sus filiales en el extranjero, acelerando al máximo el “despliegue del Sistema de Control Interno de la Información Financiera”.

Con la decisión de personarse en el caso, el Canal de Isabel II se une a la postura de instituciones como la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital, aunque estas lo harán en calidad de acusación particular.