Canarias interpone un recurso de inconstitucionalidad contra los PGE de 2012

El Gobierno canario ha aprobado hoy interponer un recurso de inconstitucionalidad contra los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2012 porque, a su juicio, incumple con el sistema de financiación autonómica y vulnera la ley que regula los aspectos fiscales del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF).

Así lo ha anunciado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno canario su portavoz, Martín Marrero, quien ha explicado que los incumplimientos del sistema de financiación autonómica hacen referencia a la ausencia de dotación del Fondo de Compensación en la medida legalmente exigible por la variable de región ultraperiférica.

A ello se añade la inclusión de una compensación al Estado por la supresión del Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas (IGTE) en Canarias.

Marrero ha subrayado que la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) determina que el Fondo de Compensación se ha de dotar con un 4,02 % adicional por la variable de región ultraperiférica, concepto que también recoge el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y que ha sido trasladado al derecho interno.

Por otra parte, el Gobierno canario considera que la compensación por la supresión del IGTE carece de cobertura legal desde la implantación del nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas, que entró en vigor el 1 de enero de 2001.

Respecto a la ley que regula los aspectos fiscales del REF se refiere, el recurso se centra en el incumplimiento del trámite de informe previsto en la disposición adicional tercera de la Constitución para la modificación del REF.

Esta vulneración se materializa en el hecho de que las inversiones estatales para Canarias previstas en los presupuestos sean inferiores al promedio que corresponde al conjunto de las comunidades autónomas.

Así, Marrero ha recordado que el artículo 96 de la Ley de modificación de los aspectos fiscales del REF establece que en cada ejercicio el Programa de Inversiones Públicas que se ejecute en Canarias se distribuirá entre el Estado y la comunidad autónoma de tal modo que las inversiones estatales no sean inferiores al promedio que corresponda al conjunto de las regiones españolas, excluidas de este cómputo las inversiones que compensen el hecho insular.

Sin embargo, en los PGE del año 2012 la inversión y las transferencias de capital regionalizadas descendieron en Canarias un 46%, mientras que el promedio de bajada nacional fue del 29%, ha afirmado Martín Marrero, quien ha asegurado que esto ha hecho que Canarias sea la segunda región española “más castigada” por el descenso de la inversión estatal.

El portavoz del Ejecutivo regional ha subrayado que la inversión estatal per cápita en Canarias se situó en 2011 en 53 euros por debajo de la media nacional, un descenso que en 2012 ha llegado a ser de 93 euros respecto al mismo parámetro.

Ante estos hechos, Marrero ha dicho que Canarias “no puede tolerar que se quebranten principios legales y ha advertido de que interpone este recurso de inconstitucionalidad por ”una cuestión de honor“.

El portavoz del Ejecutivo canario ha considerado que si el Tribunal Constitucional da la razón a esta comunidad autónoma “verá solucionada en parte su situación y el Estado tendrá un problema”.

“No se puede mirar para otro lado ante atropellos legales de estas cuantías”, ha aseverado.