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La defensa de Cassandra recurrirá la condena ante el Supremo por haberle “hipotecado y saboteado su ritmo de vida”
El despacho de abogados BGD adelanta en una nota que harán uso de todos los medios para evitar “la grave falta de justicia” en el caso de la tuitera murciana que ha sido condenada además a siete años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público, lo que le impediría optar a ser docente en este periodo de tiempo, según anunció ella misma en las redes sociales tras conocerse la resolución del tribunal.
“Esto unido a que su carrera pasa por ser profesora, la enmarcan en un escenario donde si no se ha hipotecado su futuro, al menos sí han saboteado su ritmo de vida”, reza el comunicado del despacho en el que añade que la beca de la que goza actualmente la estudiante de Historia “en principio no corre peligro” pese a que “caben grandes lagunas” sobre cómo va a hacerse cargo de sus gastos académicos el próximo curso.
“Si impera la lógica debería ser absuelta. Una absolución no se espera pero al fin y al cabo hay que recurrir a todas las instancias”, ha dicho en declaraciones a Europa Press el portavoz de BGD Abogados Cristóbal Gázquez, que ha asegurado que para Cassandra “ha sido muy importante ver cómo la sociedad se ha volcado con ella independientemente de que haya gente que no quiera entender la cuestión y le siga atacando (...) se agradece enormemente el apoyo recibido”, ha dicho en referencia al revuelo mediático generado tras conocerse la resolución.
“CONDENA INVEROSÍMIL”
La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal le impuso la condena de un año de prisión por delito de humillación hacia las víctimas del terrorismo, la misma que pedía la Fiscalía, al entender que con sus chistes adoptó una actitud “irrespetuosa y humillante”. El tribunal añadió que los mensajes en los que se hacía mención al atentado contra Carrero Blanco suponían una “deshonra y una burla” ante la lacra del terrorismo “que todavía persiste”.
En opinión del despacho que ejerce su defensa la Sala “ha querido rematar la sentencia” con la prohibición al ejercicio de sufragio pasivo durante un año, lo que califican de “inverosímil” en tanto la condenada es una “estudiante sin intereses o motivaciones políticas definidas”.
En cuanto a los gastos, goza del beneficio de asistencia jurídica gratuita y lo relativo al gasto que exija el juzgado Cassandra está exenta de pago, no obstante denuncian que tendrá que soportar la carga relativa a los costes de manutención y traslado.
