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Castellà insta al Tribunal Constitucional a no equivocarse “dos veces” y avalar su convocatoria
Sería un “error” que los magistrados del Alto Tribunal suspendieran esta votación, según ha expresado este sábado en declaraciones a los periodistas desde Prada de Conflent, antes de clausurar la XLVI Universitat Catalana d'Estiu (UCE).
El Consell de Garanties Estatutàries, que avaló la ley de consultas que prevé aprobar el Parlament tras el verano, forma parte de las instituciones catalanas, que son Estado, y por esta razón, sería un error que el posicionamiento del TC fuese distinto, porque se evidenciaría una “desconfianza” hacia Cataluña.
“El TC deberá emitir un análisis en el mismo sentido que el Consell de Garanties, una perspectiva absolutamente jurídica”, ha añadido el también dirigente de UDC.
Además, ha destacado que al igual que en el siglo XIX el desarrollo industrial de Cataluña evolucionó en paralelo al del movimiento catalanista, ahora ocurre una situación similar.
Por esta razón, el desafío que tiene ahora Catalunya es, por una parte, constituirse como Estado, y por el otro, “hacer un salto” en términos de sociedad del conocimiento, ciencia e investigación.
De hecho, ha destacado que los países que han superado la crisis económica internacional tienen características similares a las de Cataluña: son Estados “de no más de 10 millones de habitantes, con sociedades civiles bien organizadas, una democracia avanzada y sistemas de educación superior muy potentes”.
En la clausura, han intervenido además de Castellà el presidente de la UCE, Salvador Alegret; el presidente de la Fundación UCE, Joandomènec Ros, y el vicepresidente primero de la Red Vives de Universidades, Joan Viñas.
CONSULTA “LEGAL Y ACORDADA”
En un coloquio organizado por la Fundación Josep Irla, vinculada a ERC, el doctor en ciencias políticas y miembro del Consell Assessor per a la Transició Nacional (CATN) ha aportado varias claves sobre cómo en su opinión deben interpretarse los resultados de una consulta de autodeterminación.
Según ha explicado, la ley de consultas prevé que esta votación sea “legal y acordada”, por una parte porque el texto normativo la avalará, y por el otro porque nace fruto de un pacto en el Parlament.
Por ello, ha considerado que el dictamen del Consell de Garanties “jurídicamente es inatacable”, por lo que suspender la ley sólo sería por razones políticas.
