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Catalá dice que el Gobierno no tiene previsto ilegalizar partidos políticos

Catalá dice que el Gobierno no tiene previsto ilegalizar partidos políticos

EFE

Toledo —

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El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha señalado hoy que el Gobierno central no tiene previsto promover un proceso de ilegalización de partidos políticos.

De este modo se ha pronunciado el ministro de Justicia durante un desayuno informativo organizado por el periódico “La Tribuna de Toledo”, en el que ha explicado que puede haber partidos que, por ejemplo, defiendan la república, pero si la mayoría resultante de las urnas apuesta por una monarquía constitucionalista, “los que han perdido no pueden pretender dar un golpe de estado para implantar la república”.

De este modo, ha explicado que el Gobierno central no prevé promover un proceso de ilegalización de partidos políticos, si “defienden cualquier idea dentro del marco constitucional”.

En cuanto al resultado de las urnas del 21 de diciembre, se ha mostrado confiado en que la constitución del próximo Parlament catalán permita formar un gobierno que “de manera lógica, razonable y coherente” haga de la defensa de la Constitución y del Estado “sus ejes de actuación”.

Si bien, ha alertado de que “si no es así” se debe tener “la confianza y la tranquilidad” adquirida tras la experiencia de los últimos meses de que “al final, el Estado de derecho y la Constitución ha prevalecido”.

“La seguridad jurídica está vigente hoy mediante mecanismos extraordinarios”, como la aplicación del artículo 155 de la Constitución, ha comentado el ministro, que ha argumentado que “nadie hubiera querido aplicar”, pero es consecuencia del “incumplimiento de las obligaciones de un gobierno”.

Por ello, ha deseado que no vuelva a suceder lo vivido en Cataluña, aunque ha recalcado que “si sucede, ha quedado acreditado que la democracia tiene herramientas y capacidad para garantizar la aplicación de la ley, las sentencias y los derechos de todos”.

En este sentido, ha lamentado que el intento independencia de Cataluña ha provocado que unas 2.700 empresas haya cambiado su domicilio social que estaba ubicado en Cataluña y también en algunos casos, el domicilio fiscal.

Además, ha alertado de que también ha caído el consumo en grandes superficies en un 20 por ciento, el 15 por ciento la ocupación hotelera y un 10 por ciento las inversiones.

Catalá ha confiado en que las “empresas vuelvan a Cataluña” una vez que se ha restablecido la normalidad constitucional y estatutaria, pero ha considerado que “no será fácil y menos si algunos siguen proponiendo discursos desafiantes y tóxicos, arropados en la equidistancia populista que solo reconoce la ultraderecha xenófoba europea”.

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