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Catalá cree que adhesión a la independencia no es un ejercicio de libertad de expresión

Catalá cree que adhesión a la independencia no es un ejercicio de libertad de expresión

EFE

Madrid —

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El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha defendido hoy la actuación de la Fiscalía contra el ayuntamiento barcelonés de San Cugat del Valles, que aprobó su adhesión a la resolución independentista del Parlamento, y ha considerado que la moción no es sólo un ejercicio de libertad de expresión.

El magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata ha decidido archivar la denuncia de la Fiscalía contra ese municipio por delitos de rebelión y sedición por haber aprobado una moción de apoyo a la resolución independentista del Parlament catalán.

En el auto señala que la moción denunciada no es más que un “posicionamiento político sin consecuencia jurídica alguna”.

La Constitución consagra, añade, “la más amplia libertad para la exposición y defensa públicas de cualesquiera concepciones ideológicas, incluyendo las que pretendan para una determinada colectividad la condición de comunidad nacional”.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Catalá, que ha señalado que aún no había podido leer el auto, ha precisado que la Fiscalía inició actuaciones cuando tuvo conocimiento de que algunos ayuntamientos se adherían o respaldaban la resolución del Parlamento.

Ha añadido que la Fiscalía consideró que podía haber alguna actuación “susceptible de impugnación” por constituir algún “tipo de ilícito”.

“Si el juez declara el archivo -ha agregado-, está dentro de las reglas de juego, de las normas de funcionamiento de las instituciones”, al tiempo que ha recordado que la Fiscalía defiende el interés general y estima que un ayuntamiento que ha ejercido una función que le sobrepasa “está fuera de su ámbito competencial al ser una declaración de naturaleza política”.

Catalá ha destacado que son resoluciones aprobadas por los plenos de los ayuntamientos y “no un ejercicio de libertad de expresión”.

A su juicio, tiene naturaleza jurídica y “es un acto que ha dictado un ayuntamiento”, aunque sin haber leído los fundamentos del auto ha considerado prematuro valorarlos más allá de lo comentado y ha insistido en que la actitud de la Fiscalía tiene “toda la coherencia en el ejercicio de las funciones que le corresponden”.

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