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Catalá afronta el reto de lograr un Pacto de Estado que despolitice el CGPJ

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Catalá afronta el reto de lograr un Pacto de Estado que despolitice el CGPJ

Catalá afronta el reto de lograr un Pacto de Estado que despolitice el CGPJ

La despolitización del CGPJ, la ansiada figura del fiscal instructor y la digitalización de la Justicia son los grandes retos que tiene por delante el ministro Rafael Catalá, que aspira a liderar un auténtico Pacto de Estado sin olvidar las 16 medidas de reforma incluidas en el pacto entre PP y Ciudadanos.

Pero antes que nada, el titular de Justicia tiene que abordar el nombramiento del fiscal general del Estado, un puesto en el que tendrá que decidir si mantiene o no a Consuelo Madrigal, que fue nombrada por el propio Catalá en enero de 2015, lo que la permite continuar en el cargo al no haber cumplido dos años en el mismo.

Junto a ella, las quinielas apuntan al presidente de la Audiencia Nacional, Jose Ramón Navarro, así como al vocal del Consejo General del Poder Judicial, Fernando Grande Marlaska, como candidatos al puesto, toda vez que Madrigal -pese a ser un cargo de confianza del ministro- se enfrentó a él durante meses por la revisión de las causas penales, asunto que puso en pie de guerra a toda la Fiscalía.

Sin embargo, quienes conocen al ministro aseguran que no es partidario de grandes cambios, por lo que no se descarta que apueste por la continuidad de Madrigal, todo lo contrario sería enmendar su propia política.

De esta decisión depende la renovación de las jefaturas en las Fiscalías de la Audiencia Nacional, Tribunal Supremo, Medio Ambiente y especialmente en Anticorrupción, vacante tras la jubilación de Antonio Salinas y para la que se manejan los nombres del Alejandro Luzón y Javier Zaragoza.

Una vez despejadas estas incógnitas, Catalá deberá afrontar el proyecto estrella del PP que es la Estrategia Nacional, un Pacto de Estado que modernice la Justicia y la aleje de las pugnas políticas, en la que participen los operadores jurídicos -como ayer solicitaron las asociaciones judiciales y fiscales- y las fuerzas políticas, con especial atención a Ciudadanos, su socio de investidura.

De hecho, la 'hoja de ruta' del ministro estará condicionada al desarrollo de las 16 medidas de reforma de la Justicia que recoge el acuerdo PP-Ciudadanos, como la creación de juzgados contra la corrupción y las limitaciones de las "puertas giratorias" entre la Justicia y la Política.

Aunque el principal asunto es la reforma del sistema de elección de los vocales del CGPJ para que los doce de origen judicial sean elegidos por los magistrados y no por el Parlamento, lo que supondría dar cumplimiento a la mayor reivindicación de la judicatura, que clama por una verdadera independencia del poder judicial.

Fuera de ese pacto político, Catalá tiene sobre la mesa la otra gran asignatura pendiente de la Justicia, que no es otra que la entrega de la instrucción al Ministerio Fiscal, que pasaría a dirigir la investigación en lugar del juez, como sucede hasta ahora, aunque está por ver si Catalá encara una reforma integral del sistema penal como trató de hacer sin éxito su antecesor.

Otro desafío será el de completar el desarrollo de la digitalización en la administración de Justicia, que se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para todos los profesionales con constantes fallos en el sistema, y dar respuesta a la nueva organización territorial de la Justicia, anclada en un modelo de la España de la primera mitad del siglo XIX.

Igualmente, está por ver como afronta el ministro la reforma del Registro Civil que él mismo aparcó hasta junio de 2017, fecha en la que está prevista que entre en vigor la ley aprobada en 2011, que obliga a la desjudicialización de los registros.

Dos asuntos polémicos entre la opinión pública, como son la reducción de los aforamientos y la regulación del indulto, entrarán en escena en esta legislatura en la que los operadores jurídicos y los partidos le recordarán que no puede implementar su proyecto de gobierno sin inyectar más medios humanos y materiales al sector.

Y en particular a los jueces, que con un ratio de 11,46 por cada 100.000 ciudadanos es una de las más bajas de la Unión Europea, cuya media está en 21 magistrados.

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