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Catalá censura que se "niegue legitimidad" a las reformas

El ministro de Justicia, Rafaél Catalá, ha rechazado suspender la entrada en vigor de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y ha censurado que se pretenda "negar la legitimidad democrática" a leyes aprobadas por el Parlamento. "Veremos quién deroga el Código Penal o la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y qué hay de cierto en esa visión crítica" hacia las reformas efectuadas esta legislatura, ha apuntado.

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Catalá censura que se "niegue legitimidad" a las reformas

Catalá ha participado este jueves en Bilbao en la XXX Asamblea de la Asociación de jueces y magistrados Francisco de Vitoria en un acto en el que también han intervenido el consejero vasco de Justicia, Josu Erkoreka, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Juan Luis Ibarra, el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, y el portavoz de la asociación, Marcelino Sexmero. La Asamblea se reúne en el Colegio de Abogados de Vizcaya para debatir sobre temas como el Registro Civil, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o el Expediente Digital.

En su discurso, el ministro ha defendido que las reformas que ha impulsado el Gobierno en materia de Justicia van "en la dirección correcta", rechazando las críticas recibidas por parte de algunos intervinientes. Según ha indicado, "a las reformas hay que dejarlas que funcionen" y trabajar para "dotar de medios suficientes a los profesionales".

"Suspender la entrada en vigor de leyes aprobadas por el Parlamento no es la manera de resolver los problemas", ha señalado después de que Sexmero aprovechara la presencia del ministro para trasladarle la petición de la asociación de que, ante la proximidad de las elecciones generales, se haga un "paréntesis" en la puesta en marcha de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, que entrará en vigor el próximo día 7.

En concreto, el portavoz de la asociación ha planteado que se suspenda su entrada en vigor en los aspectos de la temporalidad en la instrucción y la no remisión de los atestados por falta de autor, ante la "falta de consenso". Por el contrario, el ministro ha advertido de que "dilatar los problemas" no "es una buena manera de resolverlos".

También el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha aludido a la aplicación de las "profundas" reformas en materia penal, advirtiendo de que el poder judicial va a tener que abordarlas "en circunstancias de precariedad derivadas de dos déficits que podrían acabar convirtiéndose en estructurales".

En este sentido, ha advertido de "la ausencia de un proyecto global de modernización de Justicia" y ha señalado que "las reformas orgánicas promovidas no han tenido otro respaldo parlamentario distinto" al del partido del Gobierno, por lo que "en el horizonte inmediato de estas reformas se sigue manteniendo una poco deseable inestabilidad jurídica".

"Ese estadio en que las leyes, más promulgarse, se declaran conquistadas por un legislador en el ocaso de su mandato. Como si temiera que, con el mismo entusiasmo con que han logrado aprobarlas, vayan a ser derogadas por la siguiente mayoría parlamentaria, tal y como ya se está anunciando en algunos programas electorales", ha añadido.

El ministro de Justicia, por su parte, ha subrayado que "negar legitimidad democrática al Parlamento" para abordar reformas es "sorprendente". "No sé si alguien quiere decir que si se obtienen mayorías absolutas como consecuencia de la suma de dos, tres, cuatro partidos políticos, eso es muy democrático, pero si la tiene uno solo no es tan democrático y equivalente. Me parece muy preocupante en términos de legitimad democrática hacer esas consideraciones o que se pueda hablar de leyes conquistadas", ha manifestado.

De este modo, ha señalado que en diciembre habrá unas nuevas elecciones y "tendremos un nuevo parlamento" también "con toda la legitimidad", y, según ha indicado, "veremos quién deroga el Código Penal (...) o la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y qué hay de cierto en esa visión crítica que pretende criticar la parte por el todo".

Por otro lado, Catalá ha abordado algunos aspectos de las reformas planteadas y, en este sentido, ha considerado "lógico" establecer plazos para la instrucción penal, teniendo en cuenta que "existen plazos para la interposición de los recursos, de la resolución de los expedientes de las administraciones públicas...".

"Dar pasos en esa dirección, promover un modelo embrionario de lo que puede ser el futuro modelo de instrucción penal de colaboración entre juez y fiscal nos ha parecido una solución razonable y adecuada", ha manifestado.

El ministro ha defendido la modificación de la "regla de conexidad" que "superar el sistema actual que lleva a quizá no muy numerosas cuantitativamente, pero sí muy relevantes cualitativamente, macrocausas, con múltiples delitos e imputados, que generan en ocasiones una cierta percepción de lentitud de la justicia y un cierto embrollo". Pese a esa "percepción social negativa", ha asegurado que "la mayor parte de los asuntos se resuelven en meses", con tiempos "razonables y mucho más breves que en el pasado".

Tras destacar la importancia de "hacer efectiva la segunda instancia penal", ha considerado que los atestados sin autor conocido no deben pasar al ámbito jurisdiccional porque no tienen relevancia en términos de instrucción ni del juez del fiscal, sino quedar inicialmente en manos de la policía judicial y pasar cuando sea requerido o identificado el responsables, para no generar más volumen de papel sin calidad en las sedes judiciales o fiscales".

El ministro ha asegurado que la creación de plazas en la administración de Justicia ha sido "la máxima posible" en el contexto de "ajustes, recortes del gasto y austeridad" de los últimos años.

Asimismo, ha defendido que en la reforma de la Ley Orgánica de Poder Judicial se han intentado incorporar "demandas claras" y se han impulsado "elementos que caminan en la buena dirección" de fomentar la especialización de jueces y magistrados ante la "complejidad" de los asuntos que tratan.

A su entender, es preciso modificar los sistemas de provisión de plazas porque "no tiene ningún sentido que lleva 20 años en una carrera en el ámbito judicial que corresponda pida un destino que no tiene nada que ver", lo que supondría "perder un caudal de capacitación y profesionalidad".

REGISTRO CIVIL

En relación al Registro Civil, ha opinado que "algo hay que hacer" ya que concentra el 44% de las quejas que se presentan ante el Defensor del Pueblo en materia de Administración de Justicia. El ministro ha abogado por "tomarnos el tiempo suficiente" para lograr un consenso que permita un registro "público, gratuito y telemático", pero "seguramente no debe ser llevado el juez". "Vamos a ver si la función más adecuada es que los lleven los secretarios de justicia, o los secretarios de ayuntamiento, o las subdelegaciones del Gobierno", ha planteado.

Por su parte, el consejero vasco de Justicia, que ha reconocido "el mérito" del ministro por "rectificado la política anterior del Ministerio y aparcar" la reforma de la ley del Registro. "Las decisiones de esta legislatura, excepto la última, se adoptaron unilateralmente y sin consenso con nadie", ha señalado Erkoreka, que ha apostado por que la próxima legislatura debería abordarse "entre todos" para acordar la fórmula de registro.

Asimismo, en relación al expediente judicial electrónico ha destacado la "voluntad compartida" de la administración central y autonómica de "dar pasos" en esta materia.

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