Catalá cree habría que compensar la dedicación exclusiva de parlamentarios

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha afirmado hoy que el régimen de incompatibilidades que se aplica a diputados y senadores es “exigente” y para plantear una norma “más restrictiva” sería preciso abordar también “compensaciones económicas suficientes para una dedicación exclusiva”.

Según Catalán, que esta mañana ha protagonizado en Pamplona el programa Foro SER Navarra, el actual marco ya “obliga a una transparencia absoluta”, pero “si se quiere ser más restrictivo habrá que debatirlo” porque “generalmente obligaciones y compensaciones están en la misma balanza”.

Durante su intervención, el ministro sí ha defendido otras reformas planteadas contra la corrupción como la de la ley de financiación de partidos para “acotar” la capacidad de gasto o la del Código Penal para aumentar penas e inhabilitaciones y facilitar decomisos.

Catalá ha valorado asimismo al trabajo que, contra el fraude fiscal, lleva a cabo la Agencia Tributaria, con “absoluta reserva y discreción”, ha advertido de que “las leyes están para cumplirlas” y la “confidencialidad de la información tributaria” no permite hacer públicos los nombres de contribuyentes investigados.

Tras aseverar que las medias contra la corrupción suponen “fortalecer el Estado de derecho”, ha agregado que este mismo objetivo persiguen la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial o las que ultima el Gobierno dirigidas a los procedimientos penales.

Entre estas ha citado el establecimiento de tiempos máximos de instrucción para el enjuiciamiento, 6 meses para causas sencillas y hasta 18 para las complejas, con “flexibilidad” en circunstancias especiales, y la separación de delitos asociados para evitar “macrocausas” que se dilatan en el tiempo.

Ha apostado igualmente por la “cercanía a las víctimas” con un “catálogo de derechos” en un estatuto y por la prisión permanente revisable como medida que aporta “coherencia y racionalidad”.

De igual forma ha considerado “un modelo más justo” el que “para julio” entrará en vigor para el cálculo de indemnizaciones por accidentes, que ahora resulta “escaso” y no contempla cuestiones como “el daño futuro”.

Para enero de 2016 ha anunciado también la entrada en vigor de las “relaciones exclusivamente telemáticas” entre la Administración de Justicia y los profesionales, una medida decidida en el marco de la incorporación de las nuevas tecnologías.

Por último ha comentado que el Gobierno del PP “no propone sanciones” para los medios de comunicación sino un análisis para trasladar a España la directiva europea sobre presunción de inocencia.