Catalá: Sería una paradoja que un Estado de la UE desconfiase de otro

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha afirmado hoy que sería “una paradoja” que un Estado de la UE “desconfiase de otro país miembro”, por lo que ve razonable que la Fiscalía belga haya pedido ejecutar las euroórdenes de la Justicia española contra Carles Puigdemont y cuatro exconsellers catalanes.

El ministro ha hecho estas declaraciones esta tarde en Alicante, antes de imponer las cruces de la orden de San Raimundo de Peñafort a seis profesionales del ámbito jurídico y clausurar la asamblea anual de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria.

La Fiscalía de Bruselas ha pedido hoy la ejecución de las órdenes europeas de detención y entrega de los cinco políticos catalanes emitidas por la Justicia española, aunque el magistrado que debe resolver sobre dicha petición ha citado nuevamente a las partes para que hagan sus alegatos el próximo 4 de diciembre.

“Este es un procedimiento entre autoridades judiciales basado en la confianza entre los socios de la Unión Europea que aprobamos en 2002, un sistema más sencillo que una extradición, para agilizar los traslados y entregas”, ha recordado Catalá.

A su juicio, “parece razonable” que la petición de un “juez independiente” de un Estado miembro de la UE como España “sea acogida con naturalidad por las autoridades judiciales o fiscales” belgas.

El ministro ha situado en el “normal funcionamiento de la colaboración internacional entre países miembros de la UE” la decisión de la Fiscalía de Bruselas, ya que se produce en el marco de “un espacio común de seguridad, justicia y libertades”.

“Sería una paradoja que un Estado miembro desconfiase de otro país miembro de la Unión Europea. Yo confío en que el señor Puigdemont y el resto de los exconsellers sean entregados conforme a los procedimientos”, ha añadido Catalá.

Ha acusado a los cinco exdirigentes catalanes de intentar “ponerse al margen de la Justicia española en un ejercicio de cobardía política absoluta” y ha expresado su confianza en que el proceso de entrega “sea breve y rápido” para que puedan hacer frente en los tribunales españoles a las “responsabilidades en que hipotéticamente puedan haber incurrido”.