Catalá reitera que el Tribunal Constitucional “no amenaza” a la Generalitat

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha destacado hoy que el Tribunal Constitucional “no amenaza a nadie” con sus resoluciones, sino que ejerce sus competencias y, por ello, “no es razonable” que responsables políticos catalanes acusen al Gobierno de “usar” el alto tribunal a su conveniencia.

“Nadie usa el Tribunal Constitucional. Hay una ley orgánica que contempla quién puede acudir a él y a nadie le parece mal cuando el Gobierno de la Generalitat impugna decisiones del Gobierno”, ha defendido Catalá en su comparecencia en la comisión de Justicia del Senado, donde ha expuesto las prioridades de su departamento.

Tras reiterar su disposición al consenso para sacar adelante con el mayor acuerdo posible las reformas que tiene planeadas como la creación de un nuevo sistema procesal penal, el ministro ha querido dejar claro que con Cataluña ese diálogo debe ser “recíproco”.

“No es decir esto va a pasar sí o sí”, ha dicho en referencia a las pretensiones del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de celebrar un referéndum, porque este punto no se cumplir según la Constitución.

Catalá ha enfatizado que el Gobierno está dispuesto a hablar de las 45 reclamaciones planteadas desde la Generalitat, a excepción del referéndum de independencia, porque “ aunque nos parezca mejor o peor, no se puede. La Constitución lo dice”.

Y “mientras sea así”, ha continuado el responsable de Justicia, no se puede hablar de que “una parte de España decida que se segrega del resto del territorio”.

Tampoco está de acuerdo con las acusaciones desde la Generalitat de que el Ejecutivo usa el Tribunal Constitucional contra Cataluña, porque el alto tribunal ejerce sus competencias y dirime las disputas cuando hay varias partes que acuden a él.

Por eso, ha aprovechado para defender ante la comisión del Senado la reforma que permite al Tribunal Constitucional suspender o sancionar a cargos que no acaten sus resoluciones y que el Congreso pedirá esta tarde derogar al apoyar dos iniciativas firmadas por el PNV y por el Partit Demòcrata Catalá (PDeCAT).

A juicio de Catalá es “razonable” que el alto tribunal pueda hacer efectivas sus resoluciones y esa reforma “equilibrada” y de “perfecta factura constitucional” tiene “toda la legitimidad”.

“Si el congreso aprueba una proposición de ley en otro sentido, trataremos que la tramitación parlamentaria sea equilibrada”, ha abogado el ministro.