Catalá respeta la pena pedida por agresiones “graves” a guardias en Alsasua

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha expresado su respeto a la petición de la Fiscalía de penas de 62,5, 50 y 12,5 años de cárcel para los supuestos agresores de dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua (Navarra), unos hechos que ha calificado de “graves” y en los que no caben “equidistancias”.

Catalá ha respondido en el Pleno del Congreso a una pregunta del diputado del PNV Mikel Legarda, quien le ha pedido su opinión sobre las penas solicitadas por el fiscal en un caso que ha pasado a manos de la Audiencia Nacional.

“Cuando estaba preparando la respuesta tenía una duda por dónde encaminarla porque si opino me pueden reprobar, pero me pide que opine de la calificación de la Fiscalía”, le ha respondido el ministro a Legarda antes de expresar su respeto por el trabajo de esta institución, que habrá valorado que los hechos coinciden con el tipo penal que se solicita.

Catalá ha insistido en su “máximo respeto” al trabajo fiscal y al Tribunal Supremo que ha asignado la causa a la Audiencia Nacional, y ha dejado claro que las “instituciones funcionan” y que las personas implicadas “tendrán todas las garantías para su defensa”.

Asimismo, ha recordado que el artículo 573.1 del Código Penal “dice lo que dice”. “¿Lo podríamos cambiar? Hablemos de ello” en el marco de las reformas pendientes de la Justicia, ha añadido el ministro.

Pero mientras tanto, en la actualidad cuando se comete un delito contra la integridad física para provocar un estado de terror, es terrorismo, ha precisado.

Mientras, Legarda ha trasladado la “perplejidad” de la sociedad vasca y de la navarra por el elevado número de años de cárcel que demanda la Fiscalía.

“Literalmente boquiabierta”, ha insistido el diputado nacionalista, quien ha recordado que el PNV condenó en su día la agresión, se solidarizó con las víctimas y consideró “insostenible” mantener que “los agresores eran tan víctimas como los agredidos”.

Y aunque “no puede haber impunidad”, Legarda ha visto desproporcionada la decisión del fiscal, que “no se compadece con la legalidad, la normalidad y la convivencia democrática”.

Además, ha subrayado que desde 2012 los datos de las agresiones a guardias civiles en el País Vasco y Navarra son muy inferiores a las del resto del Estado, con 131 frente a 13.500.

El diputado ha pedido al ministro que dijera si compartía su “perplejidad por la desmesura y desproporción que rodea este caso”.

Ya en su réplica, Catalá se ha congratulado de la actitud que mantuvo el PNV respecto a estas agresiones, una postura que distó mucho de la “equidistancia” de algunos.

El titular de Justicia ha defendido a los agentes que destinan su vida y su esfuerzo a defender los derechos de las personas y ha dicho que no debería haber duda alguna de que las agresiones de Alsasua fueron “graves”.

Catalá ha resaltado también la existencia de una realidad social que no puede obviarse, con organizaciones que piden la salida de las fuerzas de seguridad del Estado del País Vasco y que defienden la agresión a los agentes sólo por pertenecer a esos cuerpos.