Cataluña se desmarca y no firma el documento suscrito por las CCAA pidiendo ayuda a la UE para paliar el Brexit

El texto, que recoge los intereses de las comunidades españolas de cara a la negociación sobre la salida de Reino Unido de la UE y ha coordinado Castilla-La-Mancha, analiza los sectores que “previsiblemente” se verán afectados por el Brexit como los intercambios comerciales, servicios, turismo y sector inmobiliario, sector agrícola y pesquero, sanidad, educación, industrial, financiero y educativo.

“Estiman (Cataluña) que no es el momento para suscribir este documento, que tampoco tiene una posición clara por parte del Govern”, han explicado fuentes de la Delegación de Castilla-La-Mancha, que ha coordinado el documento. “No sabemos si han querido tener un posicionamiento político”, han admitido.

El documento no obstante “ha sido totalmente consensuado” y “todas las comunidades autónomas han hecho aportaciones, incluyendo Cataluña”, que no se ha “opuesto” a la presentación del documento común, algo que habría impedido “decir posición común de las Comunidades Autónomas”.

Las fuentes de la delegación coordinado han rechazado la idea de que Cataluña se haya “descolgado” del texto que no firman porque “desde el principio, en todo momento” su posición fue que “no querían suscribirlo”, aunque “han hecho alguna aportación breve”. “No sabemos si en el futuro sí va a querer suscribirlo”, han aclarado, insistiendo en que las Comunidades Autónomas plantean propuestas “muy básicas”.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha rechazado valorar la posición de Cataluña de no firmar el texto y ha dejado claro que Murcia “siempre” defenderá en Bruselas “el interés general de España y de todos los españoles”, además de “velar por sus intereses propios”. “Murcia está orgullosa de llevar la postura de España”, ha zanjado, dejando claro la importancia de exigir “medidas compensatorias” por el Brexit.

Así, en el texto consensuado, las Comunidades Autónomas han reclamado “medidas específicas para paliar las consecuencias negativas de la retirada del Reino Unido” en las zonas con “fuertes relaciones de dependencia económica” y que en el Campo de Gibraltar y los trabajadores de la comarca “no se vean perjudicados” por el Brexit “teniendo en cuentas las muy intensas relaciones de interdependencia social y económica” en la zona.

Las regiones españolas piden “garantizar la política de cohesión” y “que se preste especial atención a las Regiones europeas que se pudieran ver afectadas como consecuencia del efecto estadístico que se producirá con la salida de Reino Unido al verse reducidos los fondos europeos de la política de cohesión” y “asegurar la contribución comprometida de Reino Unido hasta la finalización de los programas europeos en los que contribuye”.

LIBRE COMERCIO SIN ARANCELES

En el plano comercial, alertan de que los intercambios comerciales entre España y Reino Unido “son importantes” en sectores como el agroalimentario, vitivinícola, madera, automoción, metal, sector químico-farmacéutico, muebles y reclaman “una actitud dominante” a la UE dado que Reino Unido “deberá seguir realizando importaciones de productos”.

En este sentido, subrayan su “interés” en establecer una zona de libre comercio o unión aduanera entre la UE y Reino Unido “que evite el restablecimiento de aranceles” algo que “no sería beneficioso para ninguna de las partes” y alertan de que su reintroducción podría tener “una importante repercusión” en el sector de la automoción, el metal o la energía. Además, piden “mitigar lo máximo posible” la “incertidumbre creciente” entre las empresas exportadoras.

“Una salida sin acuerdo comercial de libre circulación de bienes y servicios podría perjudicar nuestra situación comercial”, avisan, al tiempo que reclaman “reciprocidad” en la libre circulación de capitales.

TURISMO Y SECTOR INMOBILIARIO

Respecto al turismo, las CCAA recuerdan que Reino Unido es el “principal emisor” de turistas extranjeros a España y ven “previsible” que se vea afectado “en términos de número de visitantes y gasto total” al contraerse la economía británica por el Brexit y la devaluación de su moneda y los británicos “podrían elegir otros destinos alternativos fuera de la eurozona” menos caros, sin olvidar la “incertidumbre” sobre la asistencia sanitaria futura.

Las CCAA alertan de que el empleo local de “muchos” territorios españoles “está directamente relacionado con el turismo británico” y también alertan del potencial impacto “muy relevante” en el mercado inmobiliario dado que los británicos poseen “un gran número de viviendas” y “en muchos casos se utilizan en el periodo estival con fines de arrendamiento turístico”, así como “relevante” en la demanda de alquileres por parte de británicos y sobre el precio en general de los arrendamientos turísticos.

SECTOR AGRÍCOLA Y PESCA

Las CCAA también avisan del potencial impacto del Brexit en el sector agrícola y pesquero y constatan “la dependencia del empleo agrícola en cultivos de exportación” a Reino Unido. Así, ven necesario “compensar” la pérdida de recursos para la Política Agrícola Común por el Brexit y ven “primordial” que Reino Unido mantenga la protección de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas europeas tras dejar la UE, así como una negociación “efectiva” respecto a barreras no arancelarias futuras dado que un alejamiento normativo en materia sanitaria, fitosanitaria y medioambiental podría dar lugar a controles nuevos y obstaculizar las exportaciones.

En el caso de la pesca, piden que “se incluya el acuerdo sobre pesca y derecho adquiridos” y condicionar el libre acceso al mercado europeo a un acuerdo para mantener “las posibilidades de pesca en aguas británicas por parte de la flota europea”. “Sería recomendable, en consecuencia, alcanzar un acuerdo en el que el acceso de la flota europea a las aguas británicas se encuentre recíprocamente vinculado a la entrada de los productos pesqueros británicos en nuestro mercado”, aseguran en el documento.

Las Comunidades Autónomas piden garantizar los derechos de los ciudadanos, especialmente la libre circulación de personas, “en condiciones de reciprocidad, equidad, simetría y no discriminación”, “garantizara la asistencia sanitaria” en ambos sentidos y el reconocimiento muto de cotizaciones sociales y prestaciones por jubilación, así como el reconocimiento de las formaciones profesionales y no introducir restricciones en el ámbito laboral ni a la movilidad de estudiantes e investigadores.