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Catilla La Mancha, Extremadura y La Rioja, pioneras en limitar el mandato de los presidentes

Catilla La Mancha, Extremadura y La Rioja, pioneras en limitar el mandato de los presidentes

EFE

Madrid —

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Las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha, Extremadura y La Rioja se han convertido en pioneras a la hora de abrir el camino para la limitación del mandato de los presidentes autonómicos a dos legislaturas, una propuesta que ven acertada también Castilla y León, Cantabria y Murcia.

La propuesta hecha esta semana por el presidente de Extremadura, José Antonio Monago, de limitar los mandatos de los presidentes autonómicos a ocho años no es nueva, ya que en Castilla-La Mancha existe una limitación de dos mandatos para los presidentes desde los tiempos en que presidió la Junta José Bono.

El presidente de La Rioja, Pedro Sanz, ya hizo esta misma propuesta de limitación del mandato del presidente regional a ocho años el pasado 31 de mayo, durante el debate del Estado de la Región y aunque el grupo parlamentario popular presentó una proposición de ley en este sentido, lo cierto es que aún no se ha debatido en la cámara riojana.

Una vez retomado el debate sobre la limitación del mandato presidencial autonómico, varias comunidades se han mostrado favorables al planteamiento; tal es el caso de Castilla y León, Cantabria y Murcia, así como la ciudad autónoma de Melilla.

El presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha considerado que la limitación de mandatos es una medida “sana” y cree que “no es malo” que se regulen los años al frente de un ejecutivo.

También el presidente de Cantabria, Ignacio Diego, se ha mostrado dispuesto a debatir sobre la medida de limitar los mandatos en el cargo que ocupa a ocho años, y se ha mostrado dispuesto a abrir “un diálogo” en la región sobre este asunto.

La opinión de Herrera y Diego también es compartida por el presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, que ha considerado “muy digno y magnífico que una comunidad autónoma haga lo que crea conveniente hacer, respetable y probablemente incluso acertado”.

Entre tanto, el Ejecutivo andaluz ha abogado por un “debate sosegado” sobre la puesta en marcha de medidas como la limitación de mandatos de los presidentes regionales.

El expresidente andaluz José Antonio Grinán apostó por abrir un debate para limitar a dos los mandatos presidenciales y el pasado mes de agosto anunció que los socialistas andaluces llevarían esta propuesta a la Conferencia Política del PSOE, que se celebra este fin de semana.

Frente a estas comunidades, un buen número de gobiernos autonómicos no se han planteado el asunto de limitar los mandatos como es el caso de Aragón o Canarias, mientras que otras no se pronuncian sobre ello y Galicia cree que puede ser “discutible el encaje estatutario o constitucional” de limitar por ley los mandatos electorales.

El consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, aseguraba esta semana que en esta comunidad no está regulado ni se prevé regular una limitación en el tiempo del mandato del presidente regional, aunque ha opinado que estar muchos años en un puesto es “negativo” porque llega un momento en que el “empuje” se acaba.

Este asunto “tampoco está en el debate político” de la Comunidad Autónoma de Canarias, según ha precisado su dirigente, Paulino Rivero, que ha recordado que “en estos momentos, ninguno de los principales partidos en Canarias ha planteado tal posibilidad”.

Cataluña es la única comunidad autónoma que no tiene una ley electoral propia, marco en el cual debería regularse esta cuestión.

En cualquier caso, fuentes del departamento de Presidencia admiten que la limitación de mandatos no es un tema prioritario para CiU y recuerdan que Artur Mas dijo en su día que está a favor de este tema, aunque más como un opción personal que legal.

Mas siempre ha dicho que quería ser jefe de Gobierno durante “dos mandatos o un máximo de tres”.

El Ejecutivo del País Vasco no ha vertido ninguna opinión al respecto y recuerda que sobre el control a altos cargos el pasado mes de mayo se aprobó un código ético que firmaron todos ellos, así como el personal eventual de la Administración general vasca.

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