Centella pide al Defensor del Pueblo andaluz que investigue las sanciones a 30 cargos de IU por manifestarse en Sevilla

En declaraciones a los periodistas, momentos antes de ser recibidos por Maeztu y acompañados por algunos de los miembros de IU que han sido sancionados, Centella y Arregui han asegurado que el Defensor del Pueblo tiene que intervenir y situar claramente que los derechos de reunión, manifestación o de libertad de expresión “están por encima de cualquier otro derecho que el PP quiera plantear”.

Centella, que también ha presentado en el Congreso de los Diputados una iniciativa en la que reclama la comparecencia del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para abordar este asunto, ha considerado que el PP no es capaz de resolver los problemas de este país y que por eso está intentando “criminalizar” y convertir en “delincuentes” a quienes no se resignan.

Tras acusar al Ejecutivo de Mariano Rajoy de emprender una campaña represiva pasando “de la porra a las sanciones económicas”, ha insistido en la necesidad de que Maeztu abra un expediente y determine que estamos ante casos que no son delictivos ni sancionables. “La labor del Defensor es que la ciudadanía sepa distinguir entre quién es la víctima y quién el agresor”, ha añadido.

Por su parte, Gutiérrez Arregui ha explicado que la presencia de una representación de IU en la sede del Defensor de Pueblo andaluz se enmarca en la campaña que la organización ha puesto en marcha para denunciar unas “prácticas represivas” por parte del Gobierno central, “que están teniendo consecuencias nefastas para Andalucía”.

Además de esta reunión, según ha detallado, IU va a llevar mociones a las instituciones, celebrará una concentración el viernes 24 de enero ante la subdelegación del Gobierno en Sevilla, presentará una iniciativa en el Congreso de los Diputados y realizará un acto informativo en la universidad el 5 de febrero.

Gutiérrez Arregui, que ha precisado que las sanciones han sido impuestas a compañeros de las localidades sevillanas de Espartinas, Utrera, Osuna, Martín de la Jara, los Corrales o Pilas, entre otras, ha destacado que las multas por participar en manifestaciones o ejercer el derecho de reunión pueden alcanzar los 600.000 euros.

“Sin renunciar a la estrategia del palo y de la porra, el Gobierno aplica ahora la sanción administrativa, que es una manera de reprimir mucho más difícil de entender por la ciudadanía porque ataca a los bolsillos y lleva a que la gente calle”, ha concluido.