China mantiene la tortura y el maltrato como práctica habitual, según una ONG local

Golpes con porras eléctricas, privación del agua o de la comida, e incluso de abogado, los detenidos en China sufren todo tipo de torturas y agresiones ante la pasividad de las autoridades que han aprobado normas para evitar estas situaciones pero siguen sin hacer que se cumplan.

Se trata de una grave situación que evidencia la cara más oscura de la que hoy es la segunda economía mundial, y que desvela un nuevo informe publicado hoy martes por la organización Chinese Human Rights Defenders (CHRD).

En el documento, la ONG constata que, en los últimos cinco años, de 2009 a 2014, China “no ha dado los pasos correspondientes” para cumplir con la Convención contra la Tortura y Otro Trato Cruel, Inhumano o Degradante, ratificada por el país asiático en 1988.

“La tortura es un mal endémico en China, en particular, contra defensores de derechos humanos y críticos con el Gobierno. Pekín no ha dado nuevos pasos para acabar con la tortura y la impunidad; en cambio, ha promulgado leyes que no implementa, permitiendo que los torturadores queden libres y que las víctimas no tengan cómo reclamar”, explica a Efe Frances Eve, investigadora de CHRD.

La multitud de ejemplos recogidos en el informe evidencia que el problema se extiende por todos los poderes, lo que conlleva a que cualquier detenido esté sometido a constantes atropellos.

Para empezar, el periodo máximo en que las autoridades pueden mantener a una persona sin liberarla o presentar una acusación formal (37 días) comúnmente se excede sin justificación y, en el caso de que sean defensores de derechos humanos, es casi automático.

A los detenidos, en general, se les impide el acceso a abogados de su elección e incluso, en ocasiones, a tratamiento médico.

La organización destaca el controvertido caso de Cao Shunli, a quien durante mucho tiempo le negaron la asistencia sanitaria bajo arresto y falleció en 2014 en un hospital de Pekín mientras seguía detenida.

“Privar de tratamiento médico a los detenidos es una forma común de tortura en China, que contribuye directamente a que se produzcan muertes bajo custodia”, destaca Renee Xia, directora internacional de CHRD, en referencia a una clase de sucesos que se siguen repitiendo sin investigarse.

En casos “sensibles” para el Gobierno, la intimidación se extrapola también a los abogados que representan a los detenidos, quienes se arriesgan incluso a que les revoquen sus licencias como represalia.

“Cada vez es más complicado y arriesgado trabajar como abogado en el país”, considera a Efe Teng Biao, uno de los letrados chinos más reconocidos y a quien las autoridades retiraron su permiso para ejercer en 2008.

CHRD también destaca algunos avances impulsados por el Gobierno chino, como el cierre de los polémicos campos de reeducación, donde se podía encerrar a personas sin juicio hasta cuatro años, si bien señala que muchos están siendo reutilizados como centros de detención y denuncia que las graves torturas que en estos gulags se cometieron siguen sin ser investigadas.

A la hora de reclamar, las víctimas se topan con un muro infranqueable de tribunales que no aceptan estos casos en connivencia con gobiernos locales y con la represión del régimen.

“Me pegaron con barras eléctricas, me quitaron la dignidad. Llevo años reclamando y lo único que he conseguido es que me detengan”, denuncia a Efe Jia, una peticionaria -ciudadanos que emigran a Pekín para reclamar respuesta a problemas no atendidos en su localidad- de 50 años.

Personas como ella son las que habitualmente llenan las llamadas “cárceles negras” que se extienden por todo el país, donde los maltratos están a la orden del día, desde la privación del agua, la comida o la luz natural hasta los asaltos físicos y sexuales, critica CHRD.

En este contexto, uno de los sectores más perjudicados es el de las mujeres y las niñas, destaca la organización, que ha enviado el informe al Comité contra la Tortura de la ONU para la revisión que hará de China en noviembre.

A pesar de que quede mucho trabajo por delante para acabar con la tortura, expertos y víctimas confían en que la presión internacional provoque cambios en el país: “Nosotros no nos vamos a cansar de luchar”, afirma contundente el letrado Teng.