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CiU reclama para Cataluña el mismo trato fiscal que tiene el País Vasco

Montoro advierte que el consenso no es posible a cualquier precio ni contra la Constitución

EFE

Madrid —

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El diputado de CiU Josep Sánchez Llibre ha reclamado hoy para Cataluña el mismo trato fiscal que el concierto económico otorga al País Vasco y Navarra, para lo que -ha dicho- no hay ningún impedimento en la Constitución, que no establece ningún régimen fiscal obligatorio.

Sánchez Llibre se ha expresado así en el pleno del Congreso al anunciar el voto a favor de su partido al proyecto de ley que actualiza el concierto económico vasco con la cesión de la gestión de siete nuevos impuestos, que se aprobará hoy con el apoyo de todos los grupos salvo UPyD.

El diputado de CiU ha respondido al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien durante este debate ha apelado al consenso y ha advertido que “desde la imposición” o las acciones unilaterales, “desbordando el marco constitucional, cualquier apelación al acuerdo aparece realmente estéril”.

“Entendemos que en la Constitución española nada impide otorgar a Cataluña un concierto o convenio económico diferenciado, como tienen el País Vasco y Navarra”, ha dicho Sánchez Llibre, quien ha pedido que el pacto fiscal y de gestión de los impuestos que plantea Cataluña sea admitido también como una “excepción”.

No obstante, ha dejado claro que CiU no puede votar contra un proyecto cuyos planteamientos son similares a los que reivindica la Generalitat de Cataluña.

Al igual que Montoro, Sánchez Llibre también ha ensalzado la figura de Adolfo Súarez, que “hizo posible la recuperación de las libertades y la democracia” con su política de diálogo.

Amaiur también ha aprovechado este debate para sus reivindicaciones soberanistas y el diputado Rafael Larreina ha señalado que lo importante del concierto es su “raíz”, que es el “reconocimiento del derecho a decidir” de la sociedad vasca.

“Estamos avanzando en la soberanía”, ha celebrado Larreina en este debate en el que ha subrayado que el concierto económico “no es un privilegio”, sino un derecho.

Y ha subrayado que el propio procedimiento que se sigue para aprobar esta ley es muy significativo, porque “sólo tiene vigencia” si la refrendan los dos parlamentos, el vasco y el español -como los tratados internacionales-.

No ha entrado en el debate soberanista el diputado del PNV Pedro Azpiazu, para quien el acuerdo que se aprueba hoy consolida las relaciones tributarias, financieras e institucionales entre la Administración General del Estado con el Gobierno vasco y las diputaciones forales.

El socialista Eduardo Madina ha subrayado el consenso logrado en la Comisión Mixta entre el PP, el PNV y Bildu. “Lo celebramos, es positivo para los tres territorios históricos, la Comunidad y el funcionamiento del propio sistema”, por lo tanto es, ha insistido, “celebrable y saludable”.

Madina ha señalado no obstante que es “urgente” la reforma de la ley del cupo, cuyas diferencias crecen año tras año, para no poner en riesgo la estabilidad financiera de las instituciones vascas.

Desde la Izquierda Plural, el diputado Ricardo Sixto ha lamentado que el “canto” al consenso de Montoro se ciña a este tema mientras el PP hace del consenso una “bandera tumbada” con su mayoría absoluta.

La Izquierda Plural defiende una reforma federal que aproxime la gestión de la recaudación de los impuestos a las administraciones autonómicas, pero siempre que el criterio final de la política fiscal sea el de la solidaridad y el reparto entre territorios.

Totalmente contrario al concierto se ha mostrado el diputado de UPyD Carlos Martínez Gorriarán, para quien este sistema es “injusto” y “no es progresivo”, a lo que ha añadido que no pueden aceptar que la foralidad esté “por delante de la democracia” y que haya sistemas como éste, “previos” a la democracia, que están fuera de discusión sólo por su tradición o antigüedad.

Por el contrario, el diputado de UPN, Carlos Salvador, ha señalado que frente a las voces que en estos momentos de crisis “abominan de la singularidad regímenes forales” hay que reivindicar la “virtualidad” de este sistema, su “plena constitucionalidad”, su “profunda españolidad” y “su vigencia en el siglo XXI”.

Desde el PP, Leopoldo Barreda ha subrayado que el concierto es la “manifestación más expresiva del régimen foral”, una “institución de autogobierno” y “plenamente solidaria con el conjunto de España”.

Barreda también ha subrayado que este sistema encuentra su fundamento en la Constitución, y no en otras leyes como la de financiación autonómica, como ha insinuado CiU, o en otras épocas como la Restauración, en alusión a lo dicho por UPyD.

El diputado del PP ha señalado que el concierto debe estar “por encima de demagogias, oportunismo e instrumentalizaciones partidistas”.

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