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Los escándalos de corrupción del PP obligan a Ciudadanos a endurecer su discurso en Murcia

Albert Rivera quiere hacer 'valer' el apoyo de Ciudadanos al PP en Murcia

Carmen Moraga

La gravedad de los últimos casos de corrupción que han golpeado al PP a nivel nacional ha dado un nuevo giro a las negociaciones que mantiene en Murcia Ciudadanos con los conservadores para apoyar la investidura de Fernando López Miras como nuevo presidente de la Comunidad de Murcia en sustitución de Pedro Antonio Sánchez.

En el partido naranja no quieren que parezca que dan un solo paso atrás en su discurso contra la corrupción, del que han hecho bandera, por lo que han decidido endurecer su tono contra el PP y las condiciones para cerrar ese apoyo.

Además de exigir que se eliminen los aforamientos, piden también que el pacto deje muy claro que un cargo debe dimitir cuando sea investigado. Esto supone la renuncia inmediata de Sánchez como diputado, algo que hasta ahora no consideraban indispensable para cerrar el acuerdo y a lo que el PP se resiste.

Junto a esto, en el documento enviado al PP, piden una auditoría de los contratos y subvenciones que el Gobierno autonómico ha realizado en los últimoos diez años.

El debate de investidura se ha fijado para el próximo jueves sin que de momento ambos partidos hayan alcanzado el consenso definitivo. Los de Rivera, no obstante, han logrado que el día anterior el Pleno de la Asamblea, tal como pedían, debata la reforma del Estatuto para acabar con los aforamientos de los miembros del Gobierno y de los diputados.

El PP dejará sentado que no está de acuerdo con que esa eliminación afecte al Ejecutivo, pero puede apoyar con tranquilidad la iniciativa porque después la reforma debe ir al Congreso y luego al Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta y tiene en sus manos vetarla.

Los populares, además, seguirán amenazando con forzar la supresión de la acusación popular para impedir que los partidos políticos la ejerzan en los casos de corrupción que afecten a formaciones rivales.

Aunque la Junta de Portavoces ha decidido que la investidura se desarrolle en una sola jornada, no se descarta que haya una segunda votación si Miras no alcanza la mayoría absoluta. Es decir, si Ciudadanos se abstiene en la primera votación para hacer valer su apoyo.

Una situación cada día “más complicada”

“Nos lo están poniendo cada día más complicado”, lamentaba a eldiario.es un dirigente de la formación naranja poco después de conocer la operación Lezo desencadenada en Madrid contra la corrupción destapada en el Canal de Isabel II.

Para entonces ya se sabía que Mariano Rajoy va a tener que acudir a declarar como testigo en el caso Gürtel, un revés que ha encajado muy mal el PP. En la formación de Rivera se apresuraron a adelantar que, en el caso de que fuera imputado, pedirían de inmediato la dimisión del presidente del Gobierno.

Pese a la gravedad de los hechos, al final los de Rivera optaron únicamente por elevar el tono contra la corrupción en Madrid con frases sumamente duras contra el PP al que no dudaron en considerar una “organización criminal” y un partido “carcomido por la corrupción”. Un endurecimiento que se escenificó durante el tenso rifirrafe que mantuvo este jueves el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea con la presidenta regional, Cristina Cifuentes.

A ello han unido la exigencia de que la regidora dé explicaciones sobre la trama corrupta del organismo público madrileño. Unas explicaciones que estarán muy limitadas porque la dirigente del PP puede ampararse en que es un caso que está bajo secreto de sumario.

Ciudadanos no ha querido romper el acuerdo de investidura que mantiene en Madrid con Cifuentes, rechazando la moción de censura sugerida por Podemos, a los que los de Rivera no quieren ver de ninguna de las maneras en el gobierno, como confesaba sin tapujos en una entrevista con este diario el portavoz regional de esta formación, Ignacio Aguado.

Precisamente, ese temor a que Podemos pueda llegar a entrar en un gobierno tripartito de la mano del PSOE abortó también el apoyo de Ciudadanos a la moción de censura que los socialistas promovieron en Murcia para desbancar al PP del gobierno regional.

Desde entonces, los dirigentes naranjas concentran allí sus esfuerzos para negociar a marchas forzadas con el PP un “acuerdo de gobernabilidad” para los próximos dos años que dé, dicen, “estabilidad a la región”.

Una estrategia similar a la de Madrid

En Murcia la estrategia del grupo naranja está siendo muy parecida a la que están empleando en Madrid. Elevar el tono de las acusaciones contra la corrupción del PP, destacar de que gracias a ellos no hay imputados en las instituciones, y dar giros de tuerca en las condiciones para pactar. Pero pactar.

Desde el PP la estrategia consiste a su vez en aparentar que la confrontación con los de Rivera es mayor que la real, cuando en privado reconocen que en realidad la tensión no es tanta como se quiere aparentar. Una demostración de ello fue que el mismo día de la gran redada contra el PP madrileño, los conservadores de Murcia aseguraban que las conversaciones con Ciudadanos iban por buen camino y que solo quedaban algunos flecos por cerrar sobre puntos concretos del nuevo pacto. El portavoz del PP, Víctor Manuel Martínez, adelantó que el documento recogería algunas de sus reivindicaciones, como el blindaje del Trasvase Tajo-Segura, una ley de protección del Mar Menor, así como una reducción de impuestos y la supresión del de Sucesiones y Donaciones.

Pero la prueba de fuego para Ciudadanos va a estar en la permanencia o no en el escaño del expresidente murciano. “No es de recibo que Pedro Antonio Sánchez siga de diputado regional. Exigimos que entregue el acta ya. No nos gusta que siga en la Asamblea”, ha advertido el portavoz naranja, Miguel Sánchez.

En el PP afirman que el partido naranja ha dado un giro de tuerca a esa exigencia porque en un principio no veían como un obstáculo “insalvable” para cerrar el acuerdo el hecho de que Sanchez continuara como diputado. Sobre todo, una vez que se habían cobrado la baza de su renuncia a la presidencia del Gobierno.

Ahora han exigido a los dirigentes del PP que, si quieren contar con su apoyo el próximo jueves, deben comprometerse a mantener también en el pacto que la dimisión de un cargo público sea en el momento en que un tribunal le cite como investigado -lo que era antes imputado- por un caso de corrupción.

El PP podría aceptar el envite. Pero del mismo modo podría luego encontrarse con que el expresidente regional se niegue a renunciar a su escaño alegando que el acta es de cada parlamentario.

Entre tanto, desde el PSOE y Podemos se sigue presionando a Ciudadanos para que no dé el gobierno de nuevo al PP. Los portavoces de ambos partidos, Rafael González Tovar y Óscar Urralburu, creen que es necesario abrir en Murcia una “nueva etapa” que ponga punto final a una situación que consideran “vergonzosa”.

Urralburu ha manifestado que “Ciudadanos entregará San Esteban [sede del gobierno regional] al partido de la mafia, a un candidato de cartón piedra teledirigido por Pedro Antonio Sánchez”.

Su impresión es que el debate de investidura va a ser “como una obra de teatro”, “una farsa pactada entre PP y Ciudadanos que se va a desarrollar en tres actos con un final ya escrito”. Pero desde Ciudadanos insisten en que las espadas siguen en alto a la espera de ver si los del PP aceptan el documento que este mismo jueves les han entregado.

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