Ciudadanos rechaza supervisar los libros de texto en las CCAA pero aboga por evitar el “adoctrinamiento”

Ciudadanos ha incluido en su nuevo documento de estrategia la necesidad de controlar las “competencias cognitivas” que se imparten en las comunidades autónomas para evitar que se promueva el “adoctrinamiento” de los alumnos, pero rechaza que el Estado supervise los libros de texto que se usan en los colegios e institutos.

Estas propuestas corresponden a dos de las enmiendas parciales a la ponencia de estrategia que se debatieron en el congreso que la formación naranja celebró a principios de febrero en Coslada (Madrid), donde también se actualizaron los Estatutos y el ideario de Cs para los próximos cuatro años.

Diez días después de la IV Asamblea General, el partido ha dado a conocer los tres documentos finales, una vez incorporadas las modificaciones parciales aprobadas por los compromisarios. Lo que sí se confirmó el día en que se produjeron los debates es que de las siete enmiendas a la totalidad --dos a la estrategia, dos al ideario y tres a los Estatutos--, ninguna había salido adelante.

Entre las enmiendas a la ponencia de estrategia que obtuvieron el visto bueno de los delegados, analizadas por Europa Press, hay una que dice que “para que el sistema educativo funcione correctamente es requisito indispensable un control riguroso sobre las competencias cognitivas que se imparten en todas y cada una de las comunidades autónomas, para evitar el adoctrinamiento que se produce en algunas de ellas”.

Esa propuesta fue aprobada. En cambio, se rechazó otra que planteaba la necesidad de asegurar en el sistema educativo “una comunicación homogénea de la historia, la cultura y valores cívicos constitucionales comunes a todos los ciudadanos recuperando la supervisión por el Estado de los libros de texto y asegurando su correcta impartición a través de exámenes comunes e independientes”.

LAS COMPETENCIAS DE EDUCACIÓN NO DEBEN VOLVER AL ESTADO

También en la ponencia de valores se discutieron cuestiones relativas a la educación y a cómo ejercen esta competencia los gobiernos autonómicos. Finalmente, se decidió que el nuevo ideario no defenderá “la búsqueda de un sistema de educación eficaz y homogéneo destinado a la sociedad en su conjunto”, como planteaba una de las enmiendas.

Además, la Asamblea General dijo no a la propuesta de que el Estado recupere las competencias de educación, sanidad y justicia, actualmente cedidas a las comunidades autónomas.

Entre las enmiendas al documento de estrategia que fueron aceptadas por los compromisarios, figura una que apuesta por “una educación de calidad, apolítica, innovadora y bilingüe” o “trilingüe en las comunidades autónomas con otra lengua cooficial”.

NO ENTRAR EN GOBIERNOS TODAVÍA

Por otro lado, se decidió mantener la tesis de la dirección de Ciudadanos, con Albert Rivera a la cabeza, de que para entrar en gobiernos de coalición en comunidades autónomas o ayuntamientos es mejor esperar a las elecciones de 2019.

Una de las enmiendas presentadas por los afiliados proponía optar “inmediatamente” por entrar en todos los gobiernos --locales, autonómicos y nacional-- donde el apoyo de Ciudadanos sea importante para mantener al gobierno, pero fue rechazada.

Tampoco se incluyó la enmienda que reclamaba que los pactos de gobierno y las mociones de censura en el ámbito local los determinen conjuntamente los concejales del partido en cada municipio y la Junta Directiva de la agrupación correspondiente, en vez de decidirse en niveles de ámbito superior que no conocen bien “la realidad de la localidad”. El procedimiento que se aplica en Ciudadanos es que la propuesta parte del grupo municipal pero es la dirección nacional la que establece los criterios.

Sin embargo, sí se admitió incluir en el texto la necesidad de que el partido promueva que las distintas agrupaciones locales pongan en marcha de planes estratégicos adaptados a cada municipio de cara a los comicios de 2019.

IGUALDAD DE GÉNERO, SÍ; MEDIO AMBIENTE, NO

Al contrario que en el documento de ideario, donde apenas se aprobaron enmiendas y las que se aprobaron supusieron modificaciones mínimas, en el debate sobre la estrategia del partido se aceptaron bastantes cambios, en muchos casos tras alcanzar acuerdos transaccionales.

Así, los compromisarios se pronunciaron a favor de enmiendas que señalaban la importancia de “fomentar la igualdad de género y la conciliación” y de luchar contra “cualquier clase de violencia, haciendo hincapié en la violencia de género, la violencia familiar y la violencia en las aulas escolares”. Ninguno de estos temas aparecían en el texto propuesto por la dirección del partido.

Otro asunto que la dirección de Ciudadanos había obviado es la protección del medio ambiente, que solo figura de forma testimonial en una frase del documento de valores. Además, en el debate que se desarrolló en el congreso tampoco se aprobaron las dos enmiendas que pretendían hacer hincapié en ese tema.

En cuanto a los Estatutos del partido, los compromisarios presentes en el congreso --de los que al menos el 90% eran afines a Rivera-- tumbaron una enmienda que buscaba reforzar el control que el Consejo General, el máximo órgano entre congresos, debe ejercer sobre la Ejecutiva.

La enmendante, que consideraba que los Estatutos propuestos por la dirección impedían “cualquier reprobación efectiva” por parte del Consejo General, quería que los Estatutos permitiesen a este órgano revocar aquellas decisiones del Comité Ejecutivo que contravengan los principios del partido, así como cesar a sus miembros, incluido el presidente del partido.

NUEVO REQUISITO PARA PRESENTARSE A PRIMARIAS

Respecto a las primarias, se mantiene el sistema que había defendido la dirección de Ciudadanos, tras haber sido rechazadas las enmiendas que proponían ampliar su ámbito o restringirlo aún más. El único cambio es que, a partir de ahora, quienes quieran presentarse a unas primarias para ser candidatos electorales del partido deberán haber estado afiliados durante al menos nueve meses.

Por último, se modifica en los Estatutos la redacción del apartado relativo al régimen disciplinario en el que se clasificaba como infracción muy grave “la creación o participación en corrientes de opinión que sean contrarias a los intereses del partido en su conjunto”.

Este punto había generado polémica entre una parte de la militancia, que advirtió de que de esta forma se iba a cercenar la libertad de expresión de los afiliados. Tras el debate en la Asamblea General, el texto especifica que lo que se castigará es “la creación o participación en grupos organizados en corrientes de opinión que sean contrarias a los intereses del partido”.