Ciudadanos reclama medidas y fondos para reforzar la seguridad en embajadas de África, Asia y Centroamérica

Cuando están a punto de cumplirse dos años del ataque terrorista que causó la muerte a dos policías nacionales en la sede de la embajada de España en Kabul, la propuesta de Ciudadanos extrae lecciones de aquel suceso y, de hecho, plantea medidas que ya se están aplicando en la nueva embajada en Afganistán.

Así, el partido de Rivera quiere que, en la medida de lo posible, se concentren en un mismo complejo la cancillería (sede de la embajada), la residencia del embajador y el consulado, para optimizar recursos y facilitar el trabajo de los agentes.

Con ese fin, cree que en los países de más riesgo el Gobierno debería valorar la fórmula del arrendamiento para la ubicación de las instalaciones diplomáticas, para así tener más flexibilidad de actuación.

Asimismo, pide que se evite ubicar las instalaciones diplomáticas en zonas en las que no predomine la comunidad diplomático-consular o barrios no gubernamentales.

Por último, propone formar de manera especial en tareas antiterroristas y antiinsurgencia a todo el personal encargado de la protección exterior, dotarlos de armamento y equipo de munición de fabricación reciente y de protección integral antibalística, además de asegurar su entrenamiento constante.

SOLO CINCO PERSONAS PARA EVALUAR

La PNL, que firma el diputado Miguel Gutiérrez, llama la atención sobre el hecho de que la seguridad de las embajadas --que depende del director general del Servicio Exterior--, está a cargo de un inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía y cuenta con una plantilla de solo cinco puestos, “uno de los cuales está sin cubrir en estos momentos”.

“Es evidente que tan parca dotación es notoriamente insuficiente para evaluar, planificar y ejecutar las exigencias de seguridad que plantean las 120 representaciones de España en el exterior; los consulados de Jerusalén y Puerto Rico, asimilados a embajadas; las 10 representaciones permanentes ante organizaciones internacionales (UE, UN, OTAN, OSCE, OEA, etcétera) y los 95 consulados generales”, lamenta Gutiérrez.

El diputado explica que, el procedimiento habitual es que, a petición del embajador o a iniciativa de la oficialía mayor, uno o varios funcionarios se desplazan a una representación para evaluar las necesidades de seguridad y preparan un informe con las medidas necesaria.

El problema, añade, es que estos procedimientos están, en general, “sujetos a que exista disponibilidad presupuestaria suficiente para llevarlos a cabo y la experiencia demuestra que ”salvo casos de extrema necesidad transcurre un considerable lapso de tiempo“ entre que se identifican las necesidades y se ponen en marcha las medidas.