El Código Penal tipificará nuevos delitos por falsificar productos sanitarios

La reforma del Código Penal, que se está tramitando en el Parlamento, tipificará nuevos delitos para sancionar la falsificación de medicamentos y productos sanitarios.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, lo ha anunciado en la inauguración de la convención Medicrime contra la falsificación de medicamentos, donde ha admitido que la actual redacción del Código Penal sobre este asunto resulta “insuficiente” y plantea “problemas de interpretación”.

Gallardón, que ha inaugurado el encuentro junto a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha avanzado que ambos departamentos están trabajando para introducir esas modificaciones en el proyecto de reforma con el objetivo de prevenir y luchar, de forma eficaz, contra estas conductas novedosas.

El Gobierno adapta así el Código Penal al contenido de la convención y a directiva europea de 2011, que establece que los Estados miembros deben establecer sanciones eficaces, proporcionadas y disuasorias por las infracciones que se produzcan en esta materia.

Según ha precisado el director general de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia, Ángel Llorente, la convención establece un elenco de supuestos mucho más amplio que el que tenemos en la actual legislación, que se refiere fundamentalmente a la falsificación de productos farmacéuticos.

En la convención se incluyen otros productos sanitarios como los implantes mamarios, cuya falsificación es una amenaza en la que han incidido el director de la Sociedad de la Información y la lucha contra la delincuencia en el Consejo de Europa, Jan Kleijssen, y la responsable de la Dirección Europea para la Calidad de los Medicamentos y Salud, Susanne Keitel.

Más de 300.000 mujeres de 75 países han recibido implantes de mama que no son salubres, según Keitel.

Medicrime fue creado por el Consejo de Europa en 2010 como marco legal para la cooperación entre las autoridades sanitarias, la Policía y los responsables de aduanas en la lucha contra la falsificación de productos médicos.

La convención dota a los Estados de una herramienta potente para combatir esta lacra al introducir unos estándares comunes mínimos sobre derecho penal y procesal en los países suscriptores.

El tratado está abierto a países miembros y no miembros y hasta el momento lo han firmado 23 países (tres de ellos no miembros: Marruecos, Guinea e Israel) y dos lo han ratificado (España y Ucrania).

España lo ha ratificado, tal y como ha dicho Gallardón, porque este problema tiene “enormes dimensiones”, pero además produce cuantiosas ganancias a las redes y criminales. Se estima que las ventas mundiales de este tipo de falsificaciones genera a la industria delictiva unos ingresos de más de 57.000 millones de euros; un volumen de negocio que se ha duplicado entre 2005 y 2010.

El margen de beneficio en la venta de un medicamento falsificado puede alcanzar el 20.000 %, de ahí que esta industria ilegal sea 25 veces más rentable que la venta de drogas.

Sin embargo, este tipo de crimen organizado, tal y como lo han definido los representantes de la convención, tiene un menor riesgo para este tipo de delincuentes y también menor reproche social.

Según datos de la Organización Mundial de la salud, entre el 7 y el 10 % de los medicamentos de todo el mundo son falsificados, según la ministra, pero el problema es aún mayor en los países en desarrollo donde las estimaciones se sitúan entre el 25 y el 50 %.

En España no se han detectado medicamentos falsificados en la cadena legal de distribución y el año pasado se incrementaron notablemente las actuaciones que se realizan habitualmente para combatir este problema, según los datos de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS).

Así, respecto a 2011, aumentaron un 87 % las muestras remitidas a los laboratorios oficiales de control; un 79 % las actuaciones en colaboración con las fuerzas de seguridad y un 71 % las web investigadas por la venta ilegal de medicamentos por internet.