Comenzó en Rabat el mayor juicio contra saharauis de los últimos años

El juicio contra 24 saharauis por los disturbios de 2010 en el campamento de Gdaim Izik (a las afueras de El Aaiún) que se saldaron con 13 muertos comenzó hoy en el Tribunal Militar de Rabat en medio de una gran expectación jurídica y mediática.

Este es el mayor proceso contra ciudadanos saharauis de los últimos años, y se celebra después de que los acusados hayan pasado más de dos años en detención preventiva, detalle que ha sido frecuentemente denunciado por numerosas organizaciones humanitarias.

Los acusados, todos vestidos con la darraa (túnica tradicional saharaui) entraron en la sala entonando lemas por la libertad del Sáhara Occidental y la autodeterminación, y uno de ellos dio vivas al Frente Polisario.

A las afueras de la sala, un grupo de saharauis reclamaba la liberación de sus amigos y familiares por un juicio que tildaron de “político”, mientras a escasos metros familiares de las víctimas exigían que se haga justicia y defendían la “marroquinidad” del Sáhara, en medio de un impresionante despliegue policial.

El portavoz del Gobierno marroquí, Mustafa al Jalfi, negó ayer cualquier motivación política tras el juicio a los saharauis, y justificó el hecho de que comparezcan ante un tribunal militar por el hecho de que la ley marroquí así lo establece cuando la víctima de un crimen es un miembro de la fuerza pública.

En los disturbios que siguieron al desmantelamiento del campamento de Gdaim Izik perdieron la vida 11 agentes del orden marroquíes y dos civiles saharauis, convirtiéndose en los sucesos más trágicos vividos en el Sáhara Occidental desde el alto el fuego declarado entre las partes (Marruecos y el Frente Polisario) en 1991.

Tras ser aplazado en dos ocasiones, el juicio se abrió hoy con la presencia de juristas observadores llegados de España, Francia, Italia o Luxemburgo, además de diplomáticos de varios países occidentales, en lo que fue visto como un “test” a la justicia marroquí tras la promulgación de la nueva constitución.

Cerca de setenta policías de uniforme estaban presentes en una sala en la que se sentaron los familiares de las víctimas y -sólo tras las protestas de la defensa- también los familiares de los acusados saharauis.

En una práctica inédita en Marruecos, el presidente del tribunal militar había llamado a traductores al español, francés e inglés en atención a los numerosos observadores internacionales, pero la defensa protestó porque ello alargaría innecesariamente el juicio, y el presidente despidió a los traductores.

El presidente de la sala también dijo que aceptaría estudiar la comparecencia de nuevos testigos solicitados por los abogados defensores, que pueden demostrar que los acusados no estuvieron implicados en la muerte de los policías.

En cualquier caso, dijo que pretende llegar a esclarecer la verdad de los hechos “aunque el juicio lleve un año”, y se comprometió a respetar en adelante el carácter público del proceso.

Uno de los abogados defensores recordó que cinco de los saharauis juzgados formaban incluso parte de un “comité de diálogo” previo al desmantelamiento del campamento, y que el mismo ministro del Interior en aquella época, Taieb Cherkaui, podría testificar en ese sentido.

En todo caso, el juez mostró un especial interés en respetar el procedimiento, como lo señaló a Efe la abogada defensora Yamila Suiri, presidenta de la Asociación Adala por la reforma de la justicia.

Los familiares de las víctimas han constituido una “Coordinadora de familias y amigos” que reclaman por su parte que se haga justicia con los agentes muertos.

“No queremos venganza ni la pena de muerte contra los acusados, pero sí queremos que se haga justicia y poder así hacer el duelo final por nuestra gente”, dijo a Efe Ahmed Atartur, primo de uno de los policías muertos en los disturbios.

Por su parte, los familiares de los saharauis los consideran inocentes, insisten en la falta de pruebas contra ellos y exigen su inmediata liberación tras más de dos años sin una acusación formal.

Según la agencia oficial MAP, los cargos que la fiscalía quiere aplicar a los acusados son “constitución de bandas criminales, violencia contra las fuerzas del orden con resultado de muerte, premeditación y mutilación de cadáveres”.

Por Javier Otazu