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Comienza el juicio del fraude en los accesos a la Alhambra con las cuestiones previas

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Comienza el juicio del fraude en los accesos a la Alhambra con las cuestiones previas

Comienza el juicio del fraude en los accesos a la Alhambra con las cuestiones previas

El juicio por el presunto fraude en los accesos a la Alhambra, que sienta en el banquillo a medio centenar de acusados y que ha fijado 44 sesiones hasta final de diciembre, ha arrancado hoy con las cuestiones previas de las partes en una sala habilitada de manera excepcional por la Audiencia de Granada.

Desde primera hora de la mañana, los encausados, en su mayoría trabajadores del Patronato público que gestiona el conjunto monumental más visitado de España, han ido accediendo al edificio judicial de La Caleta, donde la vista oral se ha iniciado pasadas las 10.30 horas en un salón de actos habilitado para su celebración.

Los acusados en este proceso, cuya instrucción judicial se demoró durante cerca de nueve años, son en su mayoría trabajadores del Patronato, sobre todo peones controladores de accesos, además de oficiales de primera y segunda categoría, guías turísticos y responsables de las empresas investigadas.

Aunque el proceso llegó a contar con 77 imputados, finalmente la causa se archivó para 27 de ellos, por lo que el juicio sienta en el banquillo a 50 acusados, 43 de los cuales se recogen tanto en los escritos de la Fiscalía como de la Junta, además de dos empresas como responsables civiles, mientras que los siete restantes se relacionan de forma independiente en cada una de las mencionadas acusaciones.

El Ministerio Público solicita penas de entre cuatro y nueve años de cárcel para las 45 personas a las que acusa y considera los hechos constitutivos de delitos continuados de apropiación indebida, falsedad en documento mercantil y daños al patrimonio histórico.

Está previsto que los letrados de algunos de los acusados planteen hoy la nulidad de algunas de las escuchas y de determinadas resoluciones que en su opinión no están bien motivadas.

Según el relato de la acusación pública, entre los años 2002 y 2005, algunos de los acusados ejecutaron un plan para conseguir un "provecho patrimonial ilícito", de modo que el dinero para obtener una entrada con la que acceder a la Alhambra no se ingresaba en el Patronato por los sistemas reglamentarios.

Lograron que se permitiera el acceso de clientes sin entradas, con unas compradas pero cuyo uso no se correspondía con los datos que figuraban en ellas o bien que habían sido imprimidas "de manera ilícita", indica el fiscal, que advierte de que se produjo un exceso de aforo que ocasionó además daños en el patrimonio histórico.

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