Comienza un proceso civil contra el expresidente salvadoreño Mauricio Funes

Un tribunal salvadoreño inició hoy un proceso por presunto enriquecimiento ilícito contra el expresidente Mauricio Funes (2009-2014), e incluyó a su hijo Diego Roberto Funes Cañas por su posible participación, según una resolución a la que Efe tuvo acceso.

El pasado 9 de febrero, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador (CSJ) ordenó a la Cámara Segunda de lo civil de San Salvador iniciar un juicio contra Funes al no justificar ingresos de más de 700.000 dólares: 520.629 dólares durante los 5 años que gobernó y otros 181.500 obtenidos después, pero no incluyó en el proceso a Funes Cañas.

“Consideramos que en el presente proceso existen indicios de la participación” del hijo del exgobernante “en la posible existencia de enriquecimiento ilícito por parte del expresidente”, señaló el tribunal.

La única acción que el Supremo tomó contra el hijo de Mauricio Funes fue congelar tres vehículos a nombre de este, junto a otros cinco automóviles y cuatro cuentas bancarias del exgobernante.

La cámara explicó que Funes Cañas “debe ser parte del proceso ya que podría sufrir los efectos materiales de la cosa juzgada”, que son, según la Ley Sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios, la restitución al Estado de “lo que le hubieren adquirido indebidamente”.

De igual forma, el tribunal dio un plazo de 20 días a la Fiscalía salvadoreña para que presente sus alegatos iniciales y los documentos en los que base sus pretensiones.

La CSJ no exime a Funes de enfrentar un proceso penal por la “posible comisión de hechos delictivos”.

Mauricio Funes, de 56 años y periodista, fue el primer presidente que gobernó El Salvador bajo la bandera de la exguerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación (FMLN) desde que esta organización dejó las armas y entró en la vida política en 1992.

Funes calificó este proceso como “una clara 'vendetta' política a la que se están prestando algunos magistrados de la CSJ por las denuncias de corrupción que siendo presidente de la República promoví en contra de exadministraciones”.

El exmandatario también fue citado el pasado 3 de febrero a testificar ante la Fiscalía por las supuestas negociaciones que su Gobierno entabló con las principales pandillas para reducir los homicidios en 2012.