La Comisión del Senado rechaza seis vetos a la Ley de Evaluación Ambiental

La Comisión de Medio Ambiente del Senado ha rechazado hoy, con los votos del PP, seis propuestas de veto de los grupos de la oposición a la Ley de Evaluación Ambiental, cuyo texto será debatido y votado la próxima semana en el pleno de esta misma Cámara junto a las 453 enmiendas presentadas.

En la defensa de los vetos, de IU, ERC, PSOE, CIU, y Entesa, todos los grupos han coincidido en afirmar que la norma “mercantiliza y desregula” el medio ambiente.

También han criticado la urgencia de su trámite y el hecho de que no se espere a la directiva que la UE prepara sobre este tema ya que, han afirmado, obligará a cambiar en breve la nueva ley.

El PP ha negado que la norma suponga una involución del control ambiental y ha defendido la urgencia por la necesidad de reformas legales para resolver las ineficacias detectadas.

La ley incluye como novedades el control ambiental de la fractura hidráulica o “fracking” y la tipificación expresa de infracciones como el “bunkering”, suministro de combustible de barco a barco en alta mar.

Asimismo, plantea que los estudios de impacto ambiental incorporen expresamente la peligrosidad sísmica e inducida, e introduce el memorándum de trasvase Tajo-Segura.

La norma, controlará, ente otros, los impactos ambientales de extracción de hidrocarburos mediante la polémica técnica de fractura hidráulica, que consiste en extraer gas del subsuelo de las rocas mediante inyecciones de agua y productos químicos.

El texto, que regulará el análisis de viabilidad de los proyectos (ganaderos, energéticos, de construcción, etcétera) de acuerdo a sus impactos ambientales, reducirá los plazos de tramitación de expedientes a entre 4 y 6 meses de duración, frente a los 3 y 4 años de media en la actualidad.

Otra novedad de la ley es que integra el estudio de los efectos de los proyectos sobre el cambio climático y crea un nuevo instrumento llamado “bancos de conservación de la naturaleza” para compensar, reparar o restaurar las posibles pérdidas netas que se causen a la naturaleza en la realización de obras o proyectos.