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En Comú registra su texto para derogar la reforma del TC que permite suspender a los cargos que incumplan sus sentencias

EUROPA PRESS

MADRID —

El portavoz de la confluencia catalana de Podemos en el Congreso, Xavier Domènech, señaló, en una entrevista a Europa Press que confía en lograr apoyos suficientes para derogar una norma que, desde su punto de vista, busca que el Constitucional pueda tener “intervención directa” en relación con el “desafío catalán”.

En este sentido, recordó que el PSOE se mostró “especialmente duro” con la reforma cuándo ésta se tramitó por el procedimiento de urgencia y en lectura única en el Congreso, por lo que espera que los socialistas favorezcan ahora su derogación.

En la exposición de motivos de su iniciativa, En Comú subraya que aquella reforma era “innecesaria”, puesto que en el ordenamiento constitucional ya existen mecanismos para garantizar el cumplimiento de las sentencias“.

DIÁLOGO Y NO ACCIONES PUNITIVAS

Para el diputado de ICV, Josep Vendrell, que firma el texto junto con Domènech, el PP la impulsó, en plena campaña de las elecciones catalanas de 2015, por motivos “puramente políticos y electoralistas” y su derogación debe ser el primer paso para entender que “los problemas políticos no se pueden resolver con amenazas y acciones judiciales punitivas” sino mediante el diálogo.

La reforma del TC permite al tribunal la imposición de multas de 3.000 a 30.000 euros a las autoridades, empleados públicos o particulares que incumplan sus resoluciones y la suspensión de sus funciones de las autoridades o funcionarios que de la Administración responsable del incumplimiento. Esa suspensión puede prolongarse durante el tiempo necesario para asegurar la observancia de pronunciamientos.

La norma también prevé la “ejecución sustitutoria de las resoluciones recaídas en los procesos constitucionales”, abriendo así la puerta a “requerir la colaboración del Gobierno de la Nación” que, según avisa En Común, podría haber “sido parte en los procesos”, a fin de que, en los términos fijados por el Tribunal, adopte las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las resoluciones“.

QUIEBRA SU PAPEL ARBITRAL

La ley cuya derogación plantea la confluencia catalana de Podemos también permite “deducir el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder” por los incumplimientos.

En Comú recalca en su texto que tras estudiar los recursos de la Generalitat y el Gobierno vasco, el TC avaló la reforma, pero se registraron tres votos particulares que la cuestionaban. A su juicio, con esta ley se otorgan al TC “funciones propias de los órganos del Poder Judicial” y se quiebra su “papel arbitral”.

“Se altera pues el equilibrio de poderes del Estado al otorgar al Tribunal Constitucional unas potestades que exceden de su función de árbitro y que son más propias de un tribunal ordinario. Con ello se corre un grave riesgo de deslegitimación de un Tribunal que cuenta ya con un grave problema de credibilidad”, argumentan desde En Comú.

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