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La Comunidad desvincula a Cifuentes de la presunta corrupción en el Canal

La Comunidad desvincula a Cifuentes de la presunta corrupción en el Canal

EFE

Madrid —

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El Gobierno regional ha desvinculado hoy “totalmente” a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, de la supuesta corrupción en el Canal de Isabel II al alegar que fue consejera del ente entre 2012 y 2014 pero no de la empresa pública.

Cifuentes y el presidente del ente público Canal de Isabel II, Ángel Garrido, declararán hoy como testigos desde sus respectivos despachos en la sede del Gobierno regional en las investigaciones sobre la empresa pública madrileña encargada de la gestión del agua.

Son dos de los cinco testigos llamados hoy por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco en el marco de la llamada operación Lazo, en la que ha sido detenido Ignacio González, antecesor de Cifuentes al frente del Gobierno de la Comunidad de Madrid y presidente del Canal entre 2003 y 2012.

Fuentes del Ejecutivo madrileño han explicado a Efe que el cargo de Cifuentes como consejera en el ente del Canal corresponde a su etapa como delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, ya que todos los delegados forman parte del mismo.

Las mismas fuentes han indicado que mientras que el ente público Canal de Isabel II tiene funciones ejecutivas, las decisiones del “día a día” se toman en la empresa pública Canal de Isabel II Gestión, S.A.

En concreto, sobre la compra de la empresa brasileña Emissao Engenharia e Construçoes, que investiga el juez Velasco, han señalado que corrió a cargo de Inassa, filial colombiana de Canal Extensia, una empresa del Canal que gestiona contratos de agua en varios países sudamericanos.

“La compra de Emissao nunca pasó por los consejos de administración del Canal (...) la presidenta no lo vio”, han añadido en alusión a Cifuentes.

Desde el Gobierno regional han insistido en que fue el propio Ejecutivo madrileño presidido por Cifuentes el que llevó ante la Fiscalía la información sobre la compra de Emissao, llevada a cabo en noviembre de 2013, tras detectar que la operación “no está clara”.

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