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Condenas de hasta 11 años a 30 acusados por estafa con las cartas nigerianas

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Condenas de hasta 11 años a 30 acusados por estafa con las cartas nigerianas

Condenas de hasta 11 años a 30 acusados por estafa con las cartas nigerianas

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a treinta personas a penas que van hasta los once años de prisión por participar en la estafa de las cartas nigerianas, un fraude con el que conseguían dinero de ciudadanos a quienes habían persuadido de que les había tocado un premio de lotería.

La Audiencia ha dictado la sentencia del macrojuicio que se celebró a comienzos de año, inicialmente con 50 procesados, 38 comisiones rogatorias y videoconferencias a ocho países africanos.

El tribunal ha considerado probado que los acusados integraban una red que estafó al menos a 68 personas de 36 países distintos, algunos de los cuales llegaron a perder 158.000 euros en el fraude.

Según la sentencia, en un primer momento los procesados solicitaban a las víctimas entre el 0,5 y el 2 por ciento del importe del premio -que solía ser de 600.000 euros- en concepto de impuesto por no residir en España. Posteriormente, les seguían requiriendo cantidades en concepto de gastos y comisiones bancarias.

Por ello, los jueces han condenado a veinticuatro personas a once años de cárcel por asociación ilícita y un delito continuado de falsedad documental en concurso con un otro continuado de estafa.

A ellos les reclama que indemnicen a las 68 víctimas con una cantidad que asciende a un total de 1.315.000 euros.

Otros tres procesados han sido condenados a dos años y cuatro meses de cárcel como responsables de un delito de falsedad documental en concurso con otro de conspiración para cometer estafa; otros dos a tres años de prisión por falsedad documental en concurso con un delito de estafa y uno más a cinco años por asociación ilícita y por un delito continuado de falsedad documental en concurso con otro continuado de estafa.

Siete acusados han sido absueltos en una sentencia en la que se considera probado que los procesados integraron una red dedicada a estafar a personas a las que hacían creer que habían sido agraciadas con un premio de lotería y que para cobrarlo debían reembolsar previamente diferentes cantidades de dinero.

Para el tribunal "queda acreditado" que los acusados "se habían concertado y organizado, pese a residir en distintas provincias españolas (Madrid, Málaga, Valencia, Almería)" para estafar "valiéndose de la falsificación de sellos, del escudo nacional, del Gobierno Español, etc."

Según los jueces, "los acusados emplearon todo tipo de argucias para dar credibilidad al contenido de sus cartas" y "asumían el papel de los directores o encargados de los organismos y entidades bancarias" para apremiar a las víctimas con el pago que les solicitaban.

El tribunal cataloga el delito de estafa como "delito masa" por la "pluralidad indeterminada de personas" a las que estaba dirigido el engaño.

De hecho, los jueces creen que, de no haberse parado a tiempo el fraude, éste "habría sido de proporción astronómica en víctimas y en beneficio obtenido por los autores".

La selección de las víctimas se efectuaba a través de guías telefónicas a las que se enviaba una carta "emitida por el supuesto organismo de loterías", en la que se comunicaba al destinatario que había resultado agraciado con un premio, cuyo importe rondaba los seiscientos mil euros.

Según el tribunal, los acusados llegaban a usar los logos de entidades como "Euromillones la Primitiva Europea", "El Gordo Español"; de bancos como el BBVA y el Banco Santander; y de membretes y sellos del Estado Español, del Ministerio de Hacienda, Ministerio de Economía, de Loterías y Apuestas del Estado, y sello del Notariado Europeo para aportar credibilidad al engaño.

Normalmente, las víctimas -que nunca recibían el premio- enviaban cantidades no superiores a 3.000 euros, debido a que éste es el tope que fija el sistema de envíos para impedir fraudes.

Un total de 2.498 fraudes relacionados con las cartas nigerianas han sido denunciados e investigados por la Brigada de Delincuencia Económica desde el años 2008, según refleja la sentencia. Sin embargo, el tribunal sólo ha podido evaluar 73 por la dificultad "en la solicitud de Cooperación Internacional" para buscar a las víctimas.

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