Confirman 8 cadenas perpetuas para los independentistas saharauis de “Gdaim Izik”

El muevo juicio civil contra 23 de los independentistas saharauis que fueron procesados en el macrojuicio de “Gdaim Izik” terminó hoy con la confirmación de ocho condenas perpetuas, tres penas de 30 años, cinco de 25 años, tres de 20 años y la revisión de otras, en ausencia de los acusados que boicotearon las sesiones.

Este juicio, que comenzó el pasado mes de diciembre, se celebró en el Tribunal de Apelación de Salé, ciudad vecina de Rabat, después de que el Tribunal de Casación revocase las penas pronunciadas contra los saharauis por el Tribunal Militar en 2013 y ordenase su repetición.

El Tribunal militar sentenció entonces a esos independentistas saharauis a penas de entre 20 años y cadena perpetua por su implicación en la muerte de once agentes marroquíes en los disturbios que se registraron en 2010 durante el desmantelamiento del campamento de Gdaim Izik, en las afueras de El Aaiún.

En la trigésima y última audiencia que concluyó en la madrugada de hoy, el juez confirmó la condena perpetua -antes pronunciada por el tribunal militar- para ocho de los acusados, mientras que las otras penas oscilaron entre 30 años para tres de ellos, 25 años para otros cinco y 20 años para otros tres.

Mientras, rebajó entre cuatro años y medio y dos años las penas para cuatro de los acusados, lo que significa su puesta en libertad tras haberlas cumplido.

Además, volvió a calificar los delitos y decidió descartar la acusación de “formación de una banda criminal” para la mayoría de los condenados, mientras imputó a cada uno de ellos, en lo que le corresponda, por los delitos de “violencia contra las fuerzas del orden ocasionando lesiones, asesinato y mutilación de cadáveres.

Ordenó ingresar el dinero incautado en este proceso a favor de la Tesorería General del Estado y decidió desechar la solicitud de los abogados de las familias de las víctimas para personarse como parte civil y pedir indemnizaciones, una cuestión que causó una polémica al comienzo de este juicio entre las diferentes partes del caso.

Esta última sesión empezó ayer por la mañana con una manifestación en la puerta del Tribunal en la que se enarbolaron banderas marroquíes y se reivindicó la marroquinidad del Sáhara Occidental.

Dentro de la sala, el proceso se desarrolló en un ambiente tranquilo, salvo en algunos momentos de tensión entre los abogados de las víctimas, por una parte, y los abogados defensores de los acusados y la Fiscalía, por otra.

La última sesión se celebró en presencia de los familiares de las víctimas marroquíes, varios observadores internacionales y algunos periodistas, pero en ausencia de los acusados y de sus familiares que decidieron desde el pasado mayo boicotear el juicio y pidieron a sus anteriores abogados defensores retirarse del caso, en protesta contra la convocatoria de nuevos testigos.

Esto llevó al juez a nombrar cuatro abogados de oficio para defenderles y encargó a un secretario informarles sobre el desarrollo del juicio y de las condenas.

En declaraciones a Efe, el abogado marroquí Nawfal Buamri, que representó a los familiares de los agentes asesinados en Gdaim Izik, calificó el juicio de “justo”, pero insistió en que sus clientes “se merecen una indemnización”.

Añadió que los abogados de la parte civil se plantean presentar un recurso de casación contra el juicio.

Por su parte, la abogada española Rosalía Perera Gutiérrez, miembro de la Consejo General de la Abogacía Española, que asistió a las sesiones como observadora, calificó las penas hoy de “durísimas” y consideró que no ha habido pruebas que hayan encontrado al autor responsable de la muerte de cada uno de los agentes marroquíes.

Al mismo tiempo estimó que el actual juicio civil ha sido “menos intimidatorio” que el anterior juicio militar y subrayó a Efe que el actual presidente de la sala “ha sabido llevar los tiempos y preservar el derecho de la defensa a la última palabra”.

Otro saharaui procesado en este juicio, y que se encuentra en libertad provisional, no pudo asistir a las anteriores audiencias por problemas sanitarios y su caso fue pospuesto al próximo 27 de septiembre para ser juzgado de forma separada.

Fatima Zohra Bouaziz