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El Congreso da dos años más de plazo a la Fiscalía para adaptarse al plan de digitalización de comunicaciones
La iniciativa, que fue tomada en consideración por la Cámara este mismo martes y que se ha tramitado por el procedimiento de urgencia y en lectura única, reforma la Ley de Enjuiciamiento Civil con el objetivo de modernizar la Justicia de forma “ágil y con seguridad jurídica”.
En el Pleno del martes, la portavoz de la Justicia del PP, María Jesús Moro, explicó que la modificación es necesaria para habilitar “un poco más tiempo” para que la Fiscalía cuente con los “instrumentos necesarios para desarrollar con éxito y seguridad” su digitalización.
UNA PRÓRROGA NECESARIA DADAS LAS SINGULARIDADES
Una prórroga que debe hacerse efectiva por las “singularidades del Ministerio Fiscal en la tramitación, estudio, adopción y toma de decisiones en los procedimientos en los que interviene el fiscal, así como en las derivadas de su despliegue en territorios con diferentes sistemas de gestión procesal y comunicación”, precisó Moro.
Recordó además que desde el 1 de enero de 2016, gracias a la implantación generalizada de las comunicaciones electrónicas en la oficina judicial, se han remitido más de 150 millones de mensajes entre juzgados y profesionales de forma telemática.
La propuesta del PP era dar tiempo a la Fiscalía hasta el 1 de enero de 2021, pero la oposición pidió adelantarlo. Ciudadanos, Unidos Podemos y el PNV reconocen la necesidad de ampliar el plazo, pero preferían que la prórroga fuera sólo hasta el 1 de enero de 2019, es decir, un año más de lo que prevé la legislación vigente.
“Ampliar ahora ese plazo en otros tres años sería una forma de facilitar que la adaptación digital de la Fiscalía vuelva a retrasarse, en tanto no se incentiva una rápida adaptación sino todo los contrario”, destaca la enmienda de Unidos Podemos.
El PSOE, por su parte, prefiere que la ampliación se acorte hasta el 1 de enero de 2020, un plazo que el PP acabó aceptando y que salió adelante este jueves en la votación del Congreso con el apoyo también del PNV. Ciudadanos y Unidos Podemos optaron por abstenerse. La ley se remite ahora al Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, para continuar allí su tramitación.
