El Congreso de Guatemala modifica los delitos electorales y blinda a Jimmy Morales

El Congreso de Guatemala aprobó hoy una iniciativa de ley que libera a los secretarios generales de los partidos políticos de la responsabilidad penal de la financiación electoral, una medida que beneficia al presidente, Jimmy Morales, y a otros diputados denunciados por ese delito.

El pleno del Congreso modificó el artículo 407 del Código Penal que establecía anteriormente que toda persona individual o jurídica que aporte, reciba o autorice recibir recursos destinados a actividades permanentes, de campañas y eventos electorales, podrían ser sancionados.

Pero con la reforma ahora eso únicamente corresponde a los contables de las organizaciones políticas.

El Congreso liberó esta semana al presidente Morales de perder su inmunidad para que fuera investigado por el delito de financiación electoral ilícita, del cual fue acusado porque su partido supuestamente ocultó a la autoridad electoral unos 900.000 dólares cuando él era su secretario general.

Con la reforma aprobada, solo cometerá el delito de financiación electoral ilícita “quien reciba o proporcione recursos (...) a sabiendas que dichos aportes provienen del narcotráfico u otras actividades del crimen organizado”.

En cuanto al delito de financiación no registrada, serán los contables los responsables y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), solo podrá emitir denuncia penal al tener plena certeza del resultado final de la auditoría electoral, precisa la reforma.

Además, la financiación electoral anónima corresponderá a quien “realice aportaciones dinerarias o no de manera anónima”, desligando a quien la reciba.

Los motivos que basaron los ponentes de esta iniciativa, entre quienes destaca el jefe de bancada del gobernante Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), Javier Hernández, y la opositora de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) Karina Paz, fueron un “marco de incapacidad penal” y los resultados de una supuesta consulta hecha a distintos sectores.

Tras aprobarse cada artículo y la redacción final de la reforma, la activista Helen Mack y el abogado constitucionalista Alfonso Carrillo presentaron recursos de amparo ante el Constitucional basados en el “derecho a que los funcionarios públicos se sujeten en ley”.

Entre los diputados que firmaron la moción privilegiada para conocer de urgencia esta iniciativa resalta el jefe de bancada de la UNE, Orlando Blanco, sobre quien se tramita un antejuicio actualmente en la Corte Suprema de Justicia, junto al del diputado Roberto Villate, de Lider.

La Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) presentaron el 24 de agosto dicha solicitud contra ambos porque sus partidos no informaron de pagos al TSE y, en el segundo caso, se sobrepasó el techo de gastos de campaña.

En el Palacio Legislativo los congresistas discuten hoy otras reformas “urgentes” como la que pretende limitar la prisión preventiva de la que numerosos exfuncionarios, entre diputados, ministros y hasta exgobernantes, han sido objeto.