El Congreso reformará la Ley de Enjuiciamiento Civil para limitar los costes procesales

La iniciativa socialista, defendida por la diputada balear Sofía Hernanz, propone en concreto limitar el pago de las costas judiciales a que la parte vencida en el procedimiento “haya actuado de manera dolosa o culposa, es decir, con mala fe o temeridad”.

La tramitación de la reforma legal ha contado con el respaldo del PP, Ciudadanos, PNV, PdeCAT y Foro Asturias, mientras que el grupo parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha advertido que esta propuesta debería debatirse en la subcomisión creada en el Congreso para acordar una Estrategia Nacional de Justicia.

Así lo ha expuesto el portavoz del grupo en la Comisión de Justicia, Jaume Moya, que ha adelantado que es posible que si el debate vuelve a dicha subcomisión del Pacto de Justicia se llegue a un acuerdo lo más mayoritario posible“, ha dicho.

Aún así ha adelantado que podrán hablar sobre cuestiones que incluye esta iniciativa y que les parecen “atractivas”; como son la posibilidad de que no se incluyan las tasas judiciales en el cálculo de las costas.

“¿QUIEN DEBE PAGAR LOS COSTES PROCESALES?”

La diputada del PSOE por Baleares, Sofía Hernanz, ha explicado en la presentación de la iniciativa que se trata de un tema “fundamental” para todos los ciudadanos del país de cara a proteger sus derechos y ha denunciado que algunos de ellos han optado por considerar una situación “injusta” antes de asumir los gastos de una reclamación judicial.

“Esta proposición pretende responder a una pregunta: ¿Quién debe pagar los costes procesales?”, ha indicado la diputada socialista que ha recordado que actualmente está vigente en la legislación en materia de pago de las costas judiciales el criterio denominado de vencimiento objetivo, y que básicamente establece que el que pierde paga sus propios gastos judiciales y los de aquel que ha salido victorioso.

Además, la parlamentaria socialista ha precisado que su propuesta supone modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa que si la condena en costas constituye una amenaza “insalvable” en personas de recursos económicos en la jurisdicción civil, “tanto o más” lo es en la contenciosa donde la lucha entre un particular y la administración “se asemeja más a David contra Goliat”.

EL PP LO RESPALDA, PERO PIDE CONCRECIÓN

Desde el grupo parlamentario popular, el diputado Eduardo Fernández ha dicho que “por el bien del debate social” votarán a favor del texto pero que presentarán enmiendas para modular la normativa y concretar que el principio actual se cambie por otro que proporcione seguridad y previsiblidad. El diputado popular ha matizado que el riesgo que entraña la redacción actual de la normativa socialista es caer en una subjetividad “que devenga en aleatoriedad o incluso en discrecionalidad”.

El diputado del Grupo Parlamentario de Ciudadanos Marcial Gómez Balsera ha adelantado que votará a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley pero lo hará dejando constancia “de las muchas reservas” que tienen respecto al texto y ha anunciado que presentarán enmiendas. Además ha dicho que la reforma que se plantea hace que la normativa pase a ser “valorativa o subjetiva” y por tanto “potencialmente dispar” en su aplicación.

El diputado de Foro Asturias Isidro Martínez Oblanca, también ha mostrado su respaldo a esta iniciativa y ha reconocido durante su intervención en el Pleno que, de ser tomada en consideración, se abriría una vía legislativa para “pulir y mejorar” la Administración de Justicia española, criterio compartido por la portavoz de Justicia del PDeCAT, Lourdes Ciuró, que ha dicho que la formación también votará a favor de la proposición no de ley porque el criterio de vencimiento objetivo en ocasiones “puede causar indefensión”.