El Congreso dictamina que las actividades de Agustín Conde eran compatibles

La Comisión del Estatuto del Diputado ha dictaminado hoy que las actividades privadas del diputado del PP Agustín Conde como abogado y como propietario y administrador único de la empresa Eco-Witt eran compatibles con su actividad como parlamentario, aunque no las declarara en su momento a la Cámara.

En su reunión de hoy, la Comisión ha rechazado también abrir una investigación por las actividades privadas de Conde y de su compañero de partido Vicente Martínez Pujalte, tal y como había pedido el PSOE e IU, al entender que no es competente para ello.

Según han informado a Efe fuentes parlamentarias, la Comisión ha recibido un informe jurídico remitido por la Mesa del Congreso que establece que, según el Reglamento de la Cámara, no es competente para abrir una investigación sobre la legalidad o no de esas actividades.

No obstante, la Comisión sí ha emitido un dictamen, rechazado por la oposición, que declara que Conde debía haber comunicado al Congreso sus actividades privadas aunque considera que, de haberlo hecho, habrían sido compatibles.

En el caso de Pujalte, la Comisión le ha concedido un plazo de quince días para que presente las alegaciones o informes que considere oportuno para justificar sus trabajos extraparlamentarios y después volverá a reunirse para estudiar si se ajustaron al Reglamento.

A la salida de la Comisión, su presidente, el diputado del PP Aurelio Romero, ha declinado hacer declaraciones, recordando que los trabajos de este órgano son secretos tal y como establece el Reglamento de la Cámara.

Por su parte, el diputado del PSOE Gabriel Echávarri ha lamentado que se haya vetado la posibilidad de investigar si Conde estaba haciendo un mal uso de la compatibilidad.

Su partido ha votado a favor de las solicitudes de compatibilidad presentadas por otros diputados analizadas hoy, pero en contra del escrito del propio Conde que, por cierto, se encuentra actualmente en situación de activo como reservista voluntario en las Fuerzas Armadas.

Echávarri ha recordado además que en el caso de Agustín Conde “llueve sobre mojado” ya que, según ha explicado, cuando era alcalde de Toledo también fue sancionado por la Agencia Tributaria por ejercer la abogacía mientras presidía el consistorio.

También ha criticado que no se abra una investigación el diputado de IU Ricardo Sixto, quien ha acusado a Conde de ocultar de forma deliberada su participación en una empresa de la que fue administrador único.

Ha criticado también que la Comisión, con el voto del PP, haya declarado compatible esa actividad, en el caso de que se hubiera comunicado a la Cámara.

“Se nos cortan las alas para investigar”, ha denunciado.

Desde el PNV, Pedro Azpiazu ha reconocido que la Comisión, a la vista del Reglamento, no puede investigar, y por ello ha apostado por modificar las normas para que el Congreso pueda hacerlo.

No obstante, apuesta por establecer una incompatibilidad absoluta, de forma que siendo diputado no se pueda ejercer ninguna otra actividad.

Según los partidos de la oposición, Pujalte y Conde podrían haber vulnerado con sus actividades económicas la prohibición expresa a los diputados para “invocar o hacer uso de su condición de parlamentarios para el ejercicio de actividad mercantil, industrial o profesional”.

Martínez Pujalte admitió que cobró 75.000 euros en poco más de un año (2008-2009), a través de su despacho de asesoría, de la constructora Grupo Collosa.

En cuanto a Conde, la oposición cree que podría haber vulnerado la prohibición expresa de la Ley Electoral de prestar servicios a entidades de crédito o aseguradoras, con su actividad de asesoría al Banco de Santander, que no declaró a la Cámara.

De forma paralela a estos dos casos que afectan a diputados del PP, el propio grupo popular ha presentado un escrito ante la misma comisión para conocer si el portavoz del PSOE, Antonio Hernando, solicitó la compatibilidad para asesorar al Partido Revolucionario Democrático de Panamá.

Un escrito que no se ha analizado en la reunión de la Comisión del Estatuto del Diputado de hoy.