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El Congreso argentino inicia el debate sobre la reforma de los servicios de Inteligencia

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El Congreso argentino inicia el debate sobre la reforma de los servicios de Inteligencia

El Congreso argentino inicia el debate sobre la reforma de los servicios de Inteligencia

El Senado argentino comenzará mañana a debatir el proyecto de reforma de los servicios de Inteligencia propuesto por la presidenta, Cristina Fernández, tras relacionar la muerte del fiscal Alberto Nisman con una operación de agentes secretos para desestabilizar al Gobierno.

El secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, el director de la Secretaría de Inteligencia (SI), Oscar Parrilli, y el subdirector de ese organismo, Juan Martín Mena, asistirán al debate para explicar detalles del proyecto gubernamental, según la agencia oficial Télam.

El debate se desarrollará en comisiones hasta el miércoles, cuando se emitiría un dictamen para que el proyecto sea tratado en la Cámara de Senadores el próximo día 11.

La reforma de los servicios de Inteligencia fue propuesta por la presidenta argentina en plena tormenta política por la muerte del fiscal Alberto Nisman.

El fiscal fue hallado muerto en su casa el 18 de enero, con un tiro en la cabeza y en circunstancias que la Justicia considera dudosas, la víspera de comparecer en el Congreso para detallar la acusación contra Fernández y algunos de sus colaboradores por presunto encubrimiento de los supuestos autores iraníes del ataque terrorista contra la mutual judía AMIA, que dejó 85 muertos en 1994.

Su muerte provocó una polémica sobre el manejo de los servicios de Inteligencia, tras las sospechas sugeridas por Cristina Fernández sobre la relación del fallecimiento de Nisman con exagentes secretos.

La presidenta anunció la pasada semana la disolución de la Secretaría de Inteligencia (SI) y su sustitución por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

La propuesta del Gobierno elimina el sistema judicial de escuchas de la órbita de los servicios de Inteligencia y lo sitúa bajo la Fiscalía General del Estado, en manos de Alejandra Gils Carbó, una funcionaria criticada por la oposición por su proximidad con Cristina Fernández.

Los partidos de la oposición rechazan el proyecto por considerar que es una "maniobra de distracción" del Gobierno argentino tras la muerte de Nisman.

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