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El Congreso brasileño frena el juicio político contra su propio presidente

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El Congreso brasileño frena el juicio político contra su propio presidente

El Congreso brasileño frena el juicio político contra su propio presidente

El Consejo de Ética de la Cámara baja de Brasil deberá reiniciar un proceso por supuesta corrupción contra el presidente de ese órgano legislativo, Eduardo Cunha, por "errores de procedimiento" en el nombramiento del diputado instructor del caso.

El anuncio fue hecho en medio de una sesión por el presidente del Consejo, José Carlos Araújo, quien indicó que la Mesa Directiva de la Cámara le notificó que el diputado Fausto Pinato, hasta ahora instructor de la acción contra Cunha, estaba "impedido" para ejercer ese cargo.

La Mesa Directiva argumentó que, según la normativa interna, el instructor no puede pertenecer a un mismo grupo parlamentario que el acusado y que Pinato es del Partido Republicano Brasileño (PRB), que actúa en el mismo grupo que encabeza el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), del que es miembro Cunha.

De esa manera, el Consejo de Ética deberá nombrar otro instructor en el proceso que juzga a Cunha por sospechas que se benefició de la red de corrupción que actuó en la compañía estatal Petrobras.

Diputados que consideran a Cunha culpable y defienden que pierda su escaño denunciaron que la decisión de la Mesa Directiva no es "legal", pues habría tenido influencia del propio acusado, quien la dirige en su condición de presidente de la Cámara.

En medio de unas fuertes discusiones, Araújo canceló la sesión y anunció que recurrirá ante la Mesa Directiva, a pesar de mostrarse a favor de nombrar un nuevo instructor, lo que supondrá que todo el proceso se reinicie.

Según sostiene la Fiscalía, Cunha recibió de la red de corrupción de Petrobras al menos 5 millones de dólares y mantenía ese dinero en unas cuentas secretas en bancos suizos, cuya existencia ha negado pero fue comprobada por la propia Justicia helvética.

Como jefe de la Cámara de Diputados, Cunha aceptó la semana pasada iniciar el trámite para un juicio político contra la jefa de Estado, Dilma Rousseff, debido a unas irregularidades fiscales en las que ha incurrido el Gobierno para maquillar sus resultados.

La oposición sostiene que esas maniobras suponen un "delito de responsabilidad", que es una de las causas que la Constitución contempla para destituir a un mandatario.

El proceso contra Rousseff comenzó este martes en la Cámara de Diputados pero fue suspendido por la Corte Suprema, que atendió una demanda contra los trámites adoptados en la elección de una comisión parlamentaria que examinará las acusaciones contra la mandataria.

La suspensión se ordenó mediante una medida cautelar que estará vigente al menos hasta el próximo 16 de diciembre, cuando el pleno de la Corte estudiará si los trámites para la elección de los miembros de la Comisión estuvo ajustada a la ley.

El jefe de los Diputados forma parte de una lista de medio centenar de políticos sospechosos de haberse beneficiado de las corruptelas en Petrobras, que salpican además a una veintena de empresas privadas.

En esa lista está también el actual presidente del Senado, Renan Calheiros, que al igual que Cunha pertenece al oficialista PMDB, que encabeza el vicepresidente del país, Michel Temer.

El PMDB, una de las principales fuerzas políticas del país, es el principal pilar de la coalición de Gobierno, pero Temer desveló que la relación con Rousseff está cerca de la ruptura.

Temer lo hizo público en una carta en la que explica su malestar con Rousseff, de quien dijo que "jamás" le ha tenido confianza y que lo ha tratado como si fuera un mero objeto "decorativo".

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