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El pleno del Congreso, de vacaciones del 10 al 29 de abril

Imagen del pleno celebrado el 10 de abril / EFE

Carmen Moraga

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Abril ha sido un verdadero lujo en el terreno laboral para sus señorías. Durante este mes, la Cámara Baja solo ha convocado cinco sesiones plenarias, todo un récord de inactividad parlamentaria en un periodo hábil de trabajo. El último pleno al que asistieron los diputados fue el del jueves 10, víspera de la Semana Santa. Esta semana en curso no hay previsto ninguno.

Los próximos están fijados para el martes 29 y el miércoles 30. Como la festividad del 1 de mayo cae este año en jueves, sus señorías harán puente y no tendrán que acudir a la Cámara hasta el martes siguiente, 6 de mayo. Con este calendario, la polémica sobre sus largas vacaciones no deja de perseguir a los diputados a pesar de sus intentos para ahuyentar su mala imagen.

El motivo que argumentan fuentes de la Mesa del Congreso para justificar que tampoco esta semana haya plenos es que se trata un antiguo acuerdo adoptado por todos los grupos parlamentarios para dejar libre la semana siguiente a la Semana Santa para facilitar los trabajos de las Comisiones. De hecho, recuerdan que entre este martes y el próximo jueves están previstas reuniones de la Comisión Mixta de Control de RTVE; la Comisión de Empleo y Seguridad Social; la Comisión de Economía y Competitividad y la Comisión Constitucional. Esta última, para iniciar las comparecencias de diversos expertos en materia de anticorrupción que aportarán sus ideas para la futura ley que el Gobierno ha prometido pactar con todos los grupos de la Cámara, pero que, como se ve, va para largo.

Sin embargo, el plato fuerte de la semana tendrá lugar el miércoles 23, día en el que director general de la Policía, Ignacio Cosidó, acudirá a las 11 de la mañana a la Comisión de Interior del Congreso para dar explicaciones sobre el fuerte dispositivo policial y los duros enfrentamientos que se desencadenaron durante las recientes manifestaciones en Madrid. Entre ellas, las Marchas por la Dignidad, celebrada el 22 de marzo, que se saldó con numerosos heridos y varios detenidos. O la que se celebró unos días después, el 29 de marzo, contra la monarquía, en la que agentes antidisturbios golpearon a varios periodistas.

Pero a estas comisiones solo están obligados a acudir sus miembros. Es decir, una media como mucho de 20 diputados por comisión de los 350 que componen la Cámara. El resto aprovecha para realizar actividades de partido en sus circunscripciones, preparar las intervenciones que tienen previstas o elaborar preguntas e iniciativas.

Y son muchos los debates que están aún pendientes y sobre los que los diputados deben trabajar de cara a estos dos escasos meses que quedan para las vacaciones de verano, que para ellos comienzan a finales de junio. Entre otros, la ley de control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos; el proyecto de desindexación de la economía y la racionalización del sector público, o la ley de Parques Nacionales, que ha levantado una gran controversia. Una actividad de despacho que, según lamentan, no es visible a los ojos del ciudadano.

No obstante, mal que les pese, hay otros acuerdos históricos cerrados entre los grupos parlamentarios que alimentan la imagen de que en España tenemos un Parlamento excesivamente relajado. Como el hecho de que durante la última semana de las campañas electorales tampoco se celebren plenos. Teniendo en cuenta que el 25 de mayo están fijadas las elecciones al Parlamento Europeo, el Congreso no tendrá actividad la semana comprendida entre el 19 y el 25 de mayo. De este modo, tanto los candidatos que aún son diputados –el ministro Miguel Arias Cañete o Elena Valenciano- como los dirigentes de los diferentes partidos, tendrán esos días libres para poder acudir a los actos de campaña sin tener que faltar a votaciones importantes.

Se da la circunstancia de que el 5 de mayo se reúne de nuevo la ponencia para la reforma del Reglamento del Congreso y entre las propuestas que hay encima de la mesa figuran dos, impulsadas por la Izquierda Plural y por UPyD, para que la Cámara solo eche el cierre en agosto.

Además, varios grupos han pedido que se endurezcan los controles de asistencia y se multen las ausencias. O que se fijen los meses de enero y julio como hábiles a efectos de trabajo, algo que teóricamente aprobaron mientras José Bono era presidente de la Cámara. Pero los trabajos de la ponencia van tan lentos que es prácticamente imposible que estos cambios puedan ponerse en práctica en esta legislatura. Y eso si hay consenso sobre la reforma -la enésima que acomete el Congreso-, lo que está por ver. La voluntad política hasta ahora ha brillado por su ausencia.

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