El Congreso decidirá la próxima semana si investiga los negocios de Pujalte y Conde

Así lo ha confirmado el portavoz del Grupo Socialista, Antonio Hernando, que junto con IU había presentado un escrito en el Registro del Congreso para forzar una reunión urgente de este örgano, que es el que tiene en sus manos decidir si se inician o no pesquisas y que es el que se encarga de dar permiso a sus señorías para sus actividades extraparlamentarias.

Ese escrito fue calificado sin debate alguno el pasado martes por la Mesa del Congreso, que lo remitió al presidente de la Comisión del Estatuto del Diputado, el 'popular' Aurelio Romero, quien, según adelantó a Europa Press, no tenía intención de reunir a la comisión hasta después de las elecciones.

La última reunión de este órgano tuvo lugar a finales del pasado mes de febrero y si PSOE e Izquierda Plural no hubieran solicitado que se reuniera para discutir sus peticiones, no se convocaría de nuevo hasta mediados de junio, coincidiendo con el final del periodo ordinario de sesiones.

Hernando ha asegurado que le da igual que la reunión sea después de las elecciones y que lo importante que finalmente se abra la investigación que reclama porque, en su opinión, se ha producido una vulneración de la legalidad y del Reglamento de la Cámara. “La comisión, aunque tarde, debe investigar a esos diputados, recabar su testimonio y que presenten la documentación que se les requiera”, ha añadido.

UNAS SEMANAS ANTES

A raíz de que se conociera que Martínez Pujalte, portavoz económico del PP, prestó hace años asesoramiento a una constructora investigada en Castilla y León en relación con la trama de adjudicación de parques eólicos, primero Izquierda Plural y después el PSOE pidieron abrir una investigación en la Cámara al considerar que su labor de asesor superaba lo permitido por la Cámara y podría ser considerado “tráfico de influencias”.

Días después los socialistas presentaron otro escrito para investigar también al portavoz adjunto del Grupo Popular, el toledano Agustín Conde, argumentando que el hecho de que su bufete asesorase al Banco Santander excede del permiso concedido para compatibilizar el escaño con el ejercicio de la Abogacía.

En medio de la polémica, el pasado 29 de abril, Conde también remitió un escrito a la Comisión del Estatuto del Diputado para actualizar datos de su declaración de bienes y actividades, entre ellos sus acciones en la sociedad mercantil Eco-Witt, de la que ha sido administrador hasta una semana antes.

CONDE DICE QUE O TODOS O NINGUNO

El Boletín de la Cortes publicó esta semana la actualización relativa a su patrimonio. En concreto, Conde hizo constar su participación del 20% en el capital social de la empresa Eco-Witt S.L, cuyo valor cifra en 600 euros.

Además, el dirigente 'popular' ya advirtió de que no está obligado a revelar los clientes de su despacho de abogado, salvo que la Cámara se lo exija a todos los parlamentarios que, como él, tiene autorización para compaginar el escaño con el ejercicio de la Abogacía.

El Pleno del Congreso debatió el pasado martes una moción del PSOE que pretendía restringir al máximo las actividades extraparlamentarias de los diputados, pero tanto el PP como CiU mostraron su disconformidad con ampliar las incompatibilidades.