Congreso aprueba ley que regula el derecho a intérprete en procesos penales

El pleno del Congreso ha aprobado hoy un proyecto de ley que regula el derecho de imputados y acusados a la asistencia gratuita de un intérprete y que traspone dos directivas europeas sobre los derechos a la información, la interpretación y la traducción en procesos penales.

La iniciativa ha sido aprobada por 184 votos a favor, 44 en contra y 101 abstenciones.

Según ha dicho el diputado del PP Pablo Casado, el proyecto “contribuirá a reforzar” el “derecho a la tutela” y a aumentar “la confianza entre los Estados miembros” de la Unión Europea.

Casado ha tachado de “falsas” las críticas de la oposición, que ha reprochado al PP que no haya admitido más enmiendas de los grupos.

Además, ha recordado que la trasposición de estas directivas irá acompañada en el plazo máximo de un año de la creación de un registro de traductores.

Mientras, el PSOE, que se ha abstenido en la votación, ha lamentado por boca de su diputado Pablo Martín que el Gobierno haya llevado “al terreno político” una ley de carácter “técnico”, y ha censurado, por ser un “elemento de discrecionalidad”, que el juez pueda decidir qué resoluciones se traducen y cuáles no, pues la ley sólo establece que se traducirán las “esenciales”.

El grupo socialista también ha rechazado la disposición final segunda de la norma, porque, a su juicio, condena a la ley a ser “inútil”, ya que el texto deja claro que su aplicación no podrá suponer un incremento del personal, ni de las retribuciones ni de “otros gastos”.

Por la Izquierda Plural, el diputado Gaspar Llamazares ha criticado que no se regulen las pruebas de acceso al futuro registro, y ha denunciado que el Ejecutivo “pretende abrir la puerta” a “empresas sanguijuela” para que presten estos servicios.

En la misma línea, la portavoz de UPyD, Rosa Díez, ha reprochado al Gobierno no querer traductores e intérpretes “profesionales” y ha asegurado que la ley no podrá cumplirse debido a los límites económicos que impone la propia norma.

CiU y PNV han cuestionado la constitucionalidad del proyecto por plantear un único registro de traductores y “olvidar” competencias autonómicas, según el nacionalista catalán Jordi Jané, mientras Emilio Olabarria, del grupo vasco, ha anunciado su rechazo y ha criticado al Gobierno por hacer lo que “le conviene” en esta transposición de las normas europeas.

Durante el debate en el pleno, Amaiur y ERC también se han opuesto al proyecto de ley del Ejecutivo.